'El Gordo' asegura que el ex número dos de la Policía ordenaba dar información a Villarejo

El comisario Enrique García Castaño ha asegurado este miércoles que siempre facilitó información a José Manuel Villarejo con la autorización del que fuera número dos del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino. Ha insistido en que cada vez que tenía dudas sobre las peticiones del presunto cabecilla del "clan policial mafioso" pedía autorización a Pino y que este siempre le dio el visto bueno. 

García Castaño, conocido como El Gordo, ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar declaración como investigado en tres de las nueve piezas hasta ahora confirmadas en el caso Tádem; la pieza principal, Iron y Land. Sin embargo, solo ha podido comparecer por las dos últimas. Hasta ahora, no se ha asignado fecha para que regrese al juzgado. 

Según han confirmado fuentes del caso, además de señalar al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el comisario ha negado haber pedido información alguna sobre datos bancarios o telefónicos de las personas perjudicadas en Iron y Land.

El Gordo también ha negado la existencia de la operación Kitchen, como hiciera ya en el pasado el propio Pino, aunque ha asegurado que sí se hacía un seguimiento al extesorero del PP Luis Bárcenas; en concreto, sobre sus movimientos bancarios a Uruguay, Paraguay y Chile.

Tras la testifical de esta mañana, la defensa de El Gordo ha pedido al juez de instrucción Manuel García-Castellón que se acuerden las diligencias para revisar las entradas y salidas de llamadas de agentes de la Policía Nacional con el BBVA para las investigaciones de Iron. En concreto, quieren la información vinculada a las direcciones IP para poder determinar quién accedió a las bases de datos.  

Secretos oficiales

Este mismo miércoles, el letrado del ex alto mando ha solicitado al magistrado que pida autorización al Gobierno para que García Castaño explique su patrimonio; en concreto, los 600.000 euros que la Policía halló en sus cuentas. Asimismo, la acusación popular ejercida por Podemos en el caso Villarejo ha acordado pedir la desclasificación de la orden del Consejo de Ministros que regula el uso de fondos reservados.