Publicado: 04/07/2019 05:15
Los precedentes del caso Villarejo pintan un mal panorama judicial para el BBVA. En concreto, la reciente decisión del juez Manuel García-Castellón de acusar por cohecho a la empresa Pérez y Cía, con la que los navieros Pérez-Maura contrataron al comisario José Manuel Villarejo para frustrar su extradición a Guatemala, apuntan a que el banco, ahora presidido por Carlos Torres Vila, podría ser imputado.
Además Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso Villarejo, ha anunciado que en cuanto se levante el secreto de sumario reclamará la investigación del banco como persona jurídica.
En concreto, el juez dictó el 20 de junio un auto en el que imputa a la naviera Pérez y Cía por cohecho, que habría sido realizado en el marco corporativo. Este es precisamente uno de los delitos por los que han sido citados como investigados, a partir de este jueves, nueve exdirectivos de BBVA, uno de ellos el ex consejero delegado Ángel Cano.
Contrato de BBVA
En el caso de los navieros Pérez-Maura, el auto confirma que fue la mercantil Pérez y Cía la que desde el 21 de abril de 2016 contrató a las empresas de Villarejo, en concreto a Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt) y a la firma de abogados Stuart & McKenzie SL.
El ex jefe de seguridad del banco Julio Corrochano fue el encargado de dar por finalizada en diciembre de 2017, en nombre de BBVA, la vinculación empresarial con el clan policial mafioso.
También fue BBVA, como persona jurídica, la que desde finales de 2004 encargó a Villarejo que frustrara la OPA hostil de Sacyr. Además, el ex jefe de seguridad del banco Julio Corrochano fue el encargado de dar por finalizada en diciembre de 2017, en nombre del banco, la vinculación empresarial con el clan policial mafioso.
En ambos casos, la relación contractual con las empresas de Villarejo se mantuvo hasta después de que el excomisario ingresara en prisión. Por ello el ex jefe de seguridad de la entidad financiera Julio Corrochano ordenó en 2018 el pago de 242.000 euros al hijo del exmando policial.
Y la empresa de los Pérez-Maura también mantuvo sus abonos hasta el 25 de mayo de 2018, "a pesar de conocer que tanto José Manuel Villarejo como su socio Rafael Redondo habían sido detenidos" el 3 de noviembre de 2017.
Infracciones penales
El juez García-Castellón, que considera que la contratación de Villarejo fue presuntamente delictiva, destaca que el excomisario desplegó "una serie de actuaciones presuntamente constitutivas, a su vez, de otras infracciones penales", según especifica la resolución judicial referida a la naviera de los Pérez-Maura.
En el caso de BBVA, las grabaciones y documentos interceptados por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía apuntan a que Villarejo contrató a su excompañero, el también comisario jubilado Enrique García Castaño, conocido con el apodo de El Gordo, para que le facilitara el tráfico de llamadas de los directivos de Sacyr, de políticos como el exministro Miguel Sebastián y de periodistas del área de Economía.
También en ambos casos los servicios contratados a Villarejo se abonaron con cargo a las cuentas de Pérez y Cía y de BBVA. En el primero fueron 7.498.700 euros, mientras que el banco pagó casi 11 millones de euros.
El juez también basó su decisión de imputar a la naviera al constatar "la existencia de un beneficio directo o indirecto" de la empresa de los Pérez-Maura de las actividades de Villarejo. Una conclusión que es perfectamente plausible tras analizar la actuación del banco, que también habría contratado al excomisario para recuperar fondos de impagos de sus clientes.
Programa interno
El auto de García-Castellón de 20 de junio aporta un precedente que puede tener relevancia sobre el futuro judicial de BBVA, ya que pone sobre la mesa la pretensión de Álvaro Pérez-Maura de eludir la imputación de su empresa, simplemente por el hecho de haber aprobado un programa de cumplimiento para luchar contra los riesgos penales.
Sin embargo, y pese a reconocer que la existencia de un programa de cumplimiento puede ser decisivo para exonerar a la persona jurídica de la responsabilidad penal, el juez rechazó la pretensión del empresario.
Y para argumentar esta decisión, el instructor destaca que el correcto funcionamiento de los planes de la empresa para luchar contra la corrupción no debe ser valorado al inicio de la instrucción: "Lo que procede es la imputación de la persona jurídica y su declaración", concluye el instructor.
De esta forma, el juez traza en su auto sobre los Pérez-Maura un claro precedente para una posible imputación de BBVA, que desde mayo espera que García-Castellón le conteste a su petición de personarse como acusación particular, es decir, como perjudicada de la actividad de Villarejo.
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