Caso Tándem

El juez del 'caso Villarejo' ordena nuevas detenciones por una extradición a Guatemala

Manuel García-Castellón tramita el arresto reclamado por la Fiscalía contra dos hermanos de la familia Pérez-Maura, los empresarios Adrián de la Joya y Francisco Javier Soucheiron Marcet, y contra el abogado Enrique Maestre Cavanna

Villarejo.
Villarejo.

El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el caso Tándem, Manuel García-Castellón, ha ordenado el arresto que le había reclamado la Fiscalía anticorrupción contra cinco personas entre las que se encuentran los empresarios Adrián de la Joya y dos hermanos de la familia Pérez-Maura.

En concreto, las órdenes de detención se han dictado contra Ángel Pérez-Maura García, Álvaro Pérez-Maura García, Francisco Javier Soucheiron Marcet, Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y Enrique MaestreCavanna. Este último es abogado, pero es conocido por ser uno de los hijos del fallecido promotor de La Manga del Mar Menor (Murcia) Tomás Maestre.

Los arrestos se producen en el marco de la pieza separada denominada Pit, en la que se investiga la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario José Manuel Villarejo por la mercantil A Pérez y Cia S.L.

Impedir la extradición

Esta firma se hizo con los servicios del polémico excomisario con la intención de impedir la detención y extradición de Ángel Pérez-Maura García que había sido ordenada por las autoridades de Guatemala el 14 de abril de 2016. Villarejo también se habría comprometido a lograr la impunidad del empresario en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.

El expediente de extradición se abrió en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el 27 de abril de 2016 y fue archivado hasta en dos ocasiones por falta de la documentación necesaria que debían enviar las autoridades guatemaltecas.

Finalmente, el empresario compareció en febrero de 2018 y se negó a ser extraditado por tener la nacionalidad española. La cuestión quedó en manos de la Sala de lo Penal, que tras una vista celebrada el 21 de mayo de aquel año, acordó denegar la entrega a Guatemala.

30 millones

La Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía desarrolla este miércoles diversos registros judiciales en los domicilios de los detenidos, así como en algunas sociedades vinculadas a los hechos investigados, según indica una nota difundida por la Fiscalía anticorrupción.

Las autoridades de Guatemala habían reclamado la extradición de Pérez-Maura por el pago de una comisión de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al presidente y la vicepresidenta de la República de Guatemala.

Este empresario español habría obtenido a cambio que la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla, en la costa del Pacífico, a 98 kilómetros de la capital de este país centroamericano.

En la nota de prensa, la Fiscalía especifica que la investigación no atañe a la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional en aquellos momentos: "Sobre quien no consta tuviera intervención alguna en el citado procedimiento de extradición, como ya se hizo constar en la nota que en su día emitió la Fiscalía de la Audiencia Nacional", especifica el documento.

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