Publicado: 19/04/2018 07:45
El juez de la Audiencia Nacional de España Manuel García Castellón y la fiscal anticorrupción Ana Cuenca han realizado en Barranquilla (Colombia) una diligencia judicial en la sede de la empresa Triple A para recaudar pruebas del escándalo conocido como "caso Lezo".
Durante tres horas los dos funcionarios judiciales se reunieron con directivos de la empresa, responsable de los servicios públicos de esta ciudad del norte de Colombia, como parte de la investigación que por corrupción se inició en la estatal española Canal de Isabel II, de la cual es filial Inassa, propietaria de Triple A.
García Castellón y Cuenca, quienes no dieron ninguna declaración a los periodistas, se reunieron durante tres horas con el secretario general de la entidad, Galiano Franceschini.
La Triple A, que tras la captura de su exgerente Ramón Navarro anunció total cooperación con las autoridades, debía entregar la información requerida por la justicia española sobre el desfalco promovido por altos directivos de Inassa.
La diligencia judicial en la sede de la Triple A ocurre dentro del convenio de cooperación suscrito entre Colombia y España, por lo que también estuvieron presentes un fiscal de la unidad anticorrupción colombiano y un representante jurídico de la empresa.
Posteriormente, García y Cuenca se dirigieron hasta la alcaldía de Barranquilla para reunirse con la secretaria general de la administración local, Ana María Aljure.
Triple A comenzó a funcionar en 1991 como una empresa de economía mixta con una participación del 91 % de la Alcaldía de Barranquilla, pero su capital societario fue sufriendo modificaciones hasta quedar en su mayor parte en manos de Inassa, mientras que el de la administración local se redujo al 14%.
La compañía Triple A presta el servicio de acueducto en Barranquilla y los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Galapa, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Sabanalarga, Baranoa, Polonuevo, Juan de Acosta, Tubará, Usiacurí y Piojó.
El caso Lezo es un proceso que se lleva a cabo en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional de España, centrado en la gestión del Canal de Isabel II, su filial Inassa y las empresas que ésta maneja en América Latina.
Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, fue destituido de su cargo en Inassa en abril de 2016, después de que su nombre apareciese en los papeles de Panamá vinculado a tres empresas en Hong Kong.
Al año siguiente, la Fiscalía de Colombia decomisó 262.000 euros (unos 294.975 dólares) que encontró en el apartamento de Rodríguez Sobrino en Barranquilla, como parte de la investigación que se lleva a cabo en el país.
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