Más de 60 cargos de Podemos piden una Comisión de Garantías independiente

Mas de 60 cargos públicos y orgánicos de Podemos han firmado un manifiesto que reclama a los distintos sectores del partido que antes de la Asamblea Ciudadana de febrero alcancen un acuerdo para garantizar la independencia y la eficacia de la Comisión de Garantías.

Entre las más de cien firmas con las que cuenta el manifiesto "Una Comisión de Garantías independiente y eficaz, objetivo irrenunciable para Vistalegre II" están las de más de 60 cargos de todas las corrientes de la formación morada.

Algunos de ellos, como las diputadas Rita Bosaho y Sofía Castañón, forman parte de la iniciativa 'Podemos para todas' que Pablo Iglesias ha presentado de cara a Vistalegre II.

Pero hay también firmas de destacados 'errejonistas', como el responsable de Internacional, Pablo Bustinduy, el responsable de Discurso, Jorge Moruno, la de Igualdad, Clara Serra, el juez y diputado Juan Pedro Yllanes, y el diputado de la Asamblea de Madrid, José Manuel López, entre otros.

El documento lo suscriben también varios miembros de Anticapitalistas de Podemos en Movimiento, entre ellos, el eurodiputado Miguel Urbán, la portavoz parlamentaria en la Comunidad de Madrid Lorena Ruiz-Huerta, el secretario general de Podemos en La Rioja, Kiko Garrido y la diputada en la Asamblea de Madrid Beatriz Gimeno.

Su propuesta es que antes de la celebración de la Asamblea Ciudadana estatal, las distintas candidaturas lleguen a un acuerdo sobre el modelo de Comisión de Garantías, que actualmente preside la vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo.

Explican que su propuesta se inspira en el acuerdo que alcanzaron en las primarias de Madrid el pasado noviembre las principales candidaturas. Para garantizar la independencia de la Comisión de Garantías, piden que sus miembros no puedan compatibilizar ese cargo con cualquier otro en el partido o de representación pública, como ocurre ahora con Elizo.

Además, reclaman la dotación de recursos suficientes tanto para la Comisión estatal como a las autonómicas, y la protección contra el despido de sus integrantes con el fin de proteger su independencia para desarrollar su labor.

Por último, el manifiesto propone la creación e "equipos de mediación para resolver los posibles conflictos que surjan en el seno de la organización, medida que ya se ha puesto en marcha en algunas Comunidades Autónomas".