Publicado: 09/09/2020 04:45
La vicepresidenta Carmen Calvo ha presentado por segunda vez en lo que va de año el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2020. Calvo ha explicado que la actualización es necesaria por el impacto del coronavirus. Y ha ensalzado este trabajo como un "ejemplo de coordinación" y una manera, en sus propias palabras, de tener un horizonte "previsible, fundamentado, ordenado, coherente y de calidad normativa".
Sin embargo, fuentes del propio Gobierno se han mostrado "sorprendidos" por la presentación que ha hecho la número dos de Ejecutivo al término del Consejo de Ministros. Este plan, dicen, ya se presentó en febrero. Y no ha aportado demasiadas novedades. Además, el documento de Calvo es una obligación legal gracias a una reforma que introdujo su antecesora del PP en el cargo, Soraya Sáenz de Santamaría.
Una Plan obligado
Calvo ha dicho, por ejemplo, que el documento se colgará en el portal de Transparencia en los próximos días. No es una novedad, porque así lo estipula la normativa. El Plan Anual es una obligación recogida en la Ley del Gobierno de 1997, pero no se desarrolló hasta la aprobación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 y un real decreto de 2017 que reguló el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado.
El objetivo de estos planes es "racionalizar la actividad de producción normativa y mejorar la calidad de las normas, así como permitir la evaluación periódica de la aplicación de las que están en vigor". Todas las administraciones públicas, tanto comunidades como ayuntamientos, disponen de este tipo de planes.
El Plan que ha presentado Calvo recoge un total de 171 propuestas. Se trata de un conjunto de leyes orgánicas, leyes ordinarias, transposiciones de directivas europeas y otras propuestas que el Gobierno pretende llevar a las Cortes en lo que resta de año. Una de las reformas que no se recogen entre las prioridades es la reforma del delito de sedición en el Código Penal, tal y como ha informado Vozpópuli. Otras propuestas son generalidades, como por ejemplo presentar unos Presupuestos.
En la etapa del PP, el documento se elaboraba en diciembre. Calvo presentó una primera versión a finales de febrero, poco después de la investidura, y ahora lo ha revisado tras el parón sufrido por la pandemia.
Diez prioridades legislativas
La vicepresidenta primera ha dividido el documento en diez prioridades de política legislativa derivadas del programa de Gobierno. Los ejes son, entre otros, la reorientación del modelo productivo, una fiscalidad progresiva, empleo digno o la formación profesional.
Como ya hizo en febrero, Calvo ha anunciado que el Gobierno propondrá la modificación del artículo 49 de la Constitución sustituir el término "disminuidos" que figura en el citado artículo por el de "personas con discapacidad". La vicepresidenta ha dicho que confía en que el cambio se apruebe por unanimidad del arco parlamentario. En materia de integración, también se planteará una Ley Orgánica para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual.
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