¿Adiós a la opacidad Congreso-lobbies? La Cámara se lanza al fin a regular la relación

El Congreso de los Diputados afronta por fin la regulación de su relación con los lobbies. A iniciativa del PP, la Cámara baja aprobará en el pleno de este martes la toma en consideración de una proposición de reforma de su reglamento para crear un registro de grupos de interés donde deberán inscribirse “aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros”.

Para reunirse con los diputados con ese objeto, será obligatorio figurar en el registro, donde además se dejará constancia de todas las entrevistas, “acompañando copia de la documentación presentada durante las mismas”. Igualmente, se establecen pautas deontológicas -no presumir de tener contacto con diputados, no tratar de obtener información "de forma deshonesta" o no comercializar con documentación obtenida del Congreso- y la posibilidad de sancionar a quienes las incumplan.

Cuando la reforma vea la luz, quedará despejada la opacidad que hasta ahora marca la relación de empresas, sindicatos, ONG’s y demás colectivos de la sociedad civil con el legislativo español. Algo que los lobbies llevan años reclamando, pues entienden que la falta de un marco regulador dificulta su trabajo y lastra su imagen. Defienden su derecho a informar, orientar y tratar de influir en los parlamentarios, pero también que todo ese proceso se haga con publicidad, dotándolo de los mecanismos que ya imperan en Bruselas o en una quincena de países de la OCDE.

La reforma plantea crear un registro donde deberán inscribirse todos los lobbies que quieran entrevistarse con los grupos parlamentarios

Si su actividad se viera como algo normal y estuviera vertebrada por rigurosos principios de transparencia, arguyen, no habría sombra de duda sobre la misma. Al ser todo opaco, se disparan las sospechas de comportamientos ilícitos y de la ascendencia que según qué sectores y colectivos tienen sobre los representantes de la soberanía nacional. También las nuevas demandas ciudadanas van por ese camino y el mismo timbre impregna en ese ámbito los programas de los principales partidos. Sin embargo, pese a esa coincidencia -que propicia el consenso en la votación de este martes-, hasta ahora ha sido imposible acordar una legislación con un marco estándar de aplicación global.

Hándicaps de la iniciativa

Pese al avance que supondría la culminación del cambio en el reglamento del Congreso, esta iniciativa tampoco lo logrará. Y no lo hará fundamentalmente por tres motivos: lo limitado de su ámbito -la Cámara baja-, la ambigüedad de algunos de sus planteamientos y la ausencia de otros que ya existen y funcionan en países del entorno. Los dos últimos pueden solventarse en el trámite de enmiendas, aunque los expertos consultados por Vozpópuli tienen sus dudas de que tal cosa vaya a producirse e incluso de que el cambio en el reglamento vaya a ser una realidad a corto plazo.

“Albergo un absoluto escepticismo sobre la reforma, dudo mucho de que vaya a prosperar”, expone Manuel de la Fuente, consultor de asuntos públicos en KREAB. Sus dudas emanan del camino que se ha elegido: “Cambiar el reglamento del Congreso es algo que se ha intentado en muchas ocasiones y rara vez se acaba haciendo, porque cada grupo aprovecha la ocasión para pedir sus reivindicaciones y al final no se llega a ningún acuerdo”.

Los expertos dudan de que vaya a consensuarse un cambio en el reglamento del Congreso, cuestión que suscita enconados enfrentamientos entre los grupos

Así ocurrió en la X Legislatura, la de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy: la Cámara constituyó un grupo de trabajo para abordar la reforma, donde se incluía la regulación del lobby, pero acabó disolviéndose en 2015 sin dar ningún fruto. “Abrir ese melón supone que cada partido planteará sus exigencias, algunas inasumibles para el resto”, explica De la Fuente. En este sentido, cita la clásica demanda de los nacionalistas para que las lenguas cooficiales puedan usarse en los debates de la Cámara baja. Diego Bayón, también consultor de asuntos públicos en KREAB y miembro de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), comparte diagnóstico: “La propuesta se queda corta, es similar a la que se intentó en la anterior legislatura, cuando el debate acabó aglutinando sin mucho orden iniciativas dispares sin avanzar nada”.

A juicio de Bayón, es bastante mejor el planteamiento incluido en la Ley Anticorrupción de Ciudadanos, que fue tomada en consideración hace unas semanas por el Congreso. Se trata de una norma ómnibus, que en uno de sus aspectos aborda la regulación del lobby desde un punto de vista general y no circunscrito al ámbito de la Cámara baja. “Establece un registro de lobbies a nivel nacional, es más ambiciosa y está mejor orientada, de algún modo contrarrestaría la proliferación de registros que se está dando por Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos ante la falta de una legislación estatal”, explica el consultor.

En efecto, consistorios como el de Madrid, Cámaras como la catalana u organismos reguladores como la CNMC han tomados sus propias iniciativas al respecto. Si esta dinámica se consolida, uno de los efectos que tendrá es que obstaculizará la competencia y lastrará a las pequeñas y medianas empresas, “que no tienen recursos para estar en 40 registros” y dar tantas batallas a la vez junto a las grandes compañías.

La 'huella legislativa'

María Rosa Rotondo, presidenta de APRI y activa defensora de la regulación del lobby, cree que el Congreso está dando un paso “en la buena dirección”, aunque su reforma “no es la más completa”. A la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la Comisión de Reglamento -el órgano que asumirá la tarea en adelante-, Rotondo cita dos grandes carencias: “que no se obligue a difundir la huella legislativa y que no se establezca el principio de la publicidad de las agendas de los diputados”.

Son dos mecanismos que operan en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, “un modelo de éxito” para la presidenta de APRI. La huella legislativa obliga a los diputados a explicar por qué toman unas decisiones u otras, presentan determinadas enmiendas o iniciativas y defienden unos u otros postulados. Mecanismos de transparencia que reflejan a quién y por qué hacen caso los legisladores, si es que se dejan asesorar por la sociedad civil. En cuanto a la agenda, Rotondo ve “necesario” que los parlamentarios difundan con quién se reúnen y para qué, algo que ya hacen Cámaras de muchos países occidentales, empezando por Estados Unidos.

La iniciativa no emplaza a los diputados a publicar su agenda de reuniones, algo que ya es norma en países del entorno

Un gran experto en la materia es David Córdova, socio director de Vinces que en 2015 alumbró una tesis doctoral sobre la regulación del lobby. “La propuesta del PP va a impulsar la igualdad de oportunidades en la participación de las decisiones públicas”, señala, pero “sería un error considerarla una medida de lucha contra la corrupción”. Y no por su contenido, sino por una cuestión de principio: “Regular las relaciones de los grupos de interés con el Congreso servirá de antídoto contra los amiguismos, clientelismos y favoritismos, pero los diputados podrán seguir viéndose con quien quieran fuera del Parlamento y al margen del registro”.

Chile, un ejemplo

“No hay que concebirlo en ese sentido”, advierte, y los países que lo han hecho “han fracasado, construyendo un mero maquillaje que les vale para decir que han luchado contra la corrupción, sin resultados eficientes”. Por eso, critica que la proposición de Ley Anticorrupción de Ciudadanos incluyera esa “pátina negativa sobre la actividad del lobby”, cayendo en un error que Córdova ve “recurrente”: legislar en este sector de forma “reactiva”, para combatir desmanes que no tienen su origen ahí. Al margen de eso, pone como ejemplo a Chile, país que “promueve un auténtico cambio de paradigma en la regulación de los lobbies”.

Y es que la ley que aprobó al respecto este país sudamericano es “muy completa y pone la responsabilidad máxima de informar sobre los grupos de interés sobre el decisor público, sea este legislador, alto cargo de la Administración, asesor o regulador”. “Se les obliga a informar de los procesos de decisión pública en que hayan participado grupos de interés, sobre las reuniones mantenidas con ellos, posibles regalos que reciban, viajes patrocinados por grupos de interés, etc, porque tienen la obligación de velar por el interés general”, añade: “Invito a mirar al modelo chileno como referencia”.

La Ley Anticorrupción de Ciudadanos contempla crear un registro de lobbies a nivel nacional y contrarrestar así las iniciativas de autonomías y ayuntamientos

Además, este experto considera que una iniciativa así “debería acompañarse de un endurecimiento en el régimen de incompatibilidades de los diputados”. “Algunos piden seguir ejerciendo la abogacía y en realidad lo que hacen es lobby, el problema es que no hay control sobre eso y sabemos que ya ha ocurrido en el pasado”.

De ello debatirá el Congreso los próximos meses, en un calendario no tasado pero que se prolongará al menos medio año. Si la reforma del reglamento se acaba aprobando, será efectiva seis meses después de publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En paralelo, avanzará la Ley Anticorrupción de Ciudadanos y su marco global sobre los grupos de interés. La regulación del lobby, varias veces aplazada y frustrada, podría ser una realidad a medio plazo si no lo impide el desacuerdo entre los partidos... O la disolución de las Cámaras por una eventual convocatoria de elecciones anticipadas.