Política

El acuerdo entre PSOE y Podemos amenaza el modelo de gestión de la Sanidad en Madrid

El pacto entre Sánchez e Iglesias contempla la revisión de la Ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud que puso en marcha el Gobierno de José María Aznar

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

El PSOE ha dado alas a una de las reivindicaciones clásicas de Podemos en materia sanitaria: avanzar hacia la desprivatización de los hospitales. El acuerdo programático suscrito por Pedro Sánchez e Pablo Iglesias contempla la revisión de la Ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Esta norma la puso en marcha el Gobierno de José María Aznar y por ella se rigen varios de los principales hospitales de distintas comunidades autónomas, entre ellas, Madrid, hoy gobernada por Isabel Díaz Ayuso.

Podemos quería acabar con el conjunto de los mecanismos normativos que han abierto la puerta a privatizaciones del sistema y el PSOE se ha sumado a la causa en su documento conjunto. "Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa", reza el pacto.

Además, dicen, se impulsará la recién creada Comisión, integrada por expertos y expertas del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley en el plazo de 6 meses.

Madrid cuenta con cinco hospitales de gestión privada integrados en la red pública. Estos son Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena, Rey Juan Carlos y Torrejón. Así, el modelo de gestión privada de los hospitales públicos defendido por el Ejecutivo de Ayuso, queda en el aire. Si finalmente Sánchez logra llegar a La Moncloa con Iglesias como socio este sistema corre el riesgo de desaparecer.

Madrid cuenta con cinco hospitales de gestión privada integrados en la red pública. Estos son Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena, Rey Juan Carlos y Torrejón

Sin embargo, no será tarea fácil. Existen una serie de contratos vigentes con empresas y entidades privadas vigentes que, en caso de eliminarse, podrían terminar en los juzgados. Al fin y al cabo fueron varias las empresas que invirtieron en la construcción de los centros y podrían exigir indemnizaciones millonarias. Por otro lado, es difícil que solo los centros de gestión directa absorban toda la actividad que existe.

Desde las filas populares defienden el modelo de gestión privada en la red pública y destacan que debe continuar siendo "un socio imprescindible" de la pública. En numerosas ocasiones se han mostrado convencidos de que ambas no son "antagónicas sino complementarias". Otras autonomías como Cataluña, Valencia y Andalucía también cuentan con este tipo de sistemas.

Otras medidas de PSOE y Podemos

En el marco del Consejo Interterritorial de Salud, PSOE y Podemos se comprometen a introducir los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, alcanzando una inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro durante la legislatura, hasta lograr el 7% del PIB en 2023.

Aseguran también que impulsarán la renovación de la tecnología sanitaria para que el Sistema Nacional de Salud sea referente en innovación tecnológica. "Apostaremos por la digitalización sanitaria, lo que contribuirá de forma decidida a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud evitando duplicidades en la realización de pruebas diagnósticas, así como a consolidar un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y la investigación", dicen.

Orientarán, dicen, las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios. Y afirman que adoptarán las modificaciones normativas, legales y reglamentarias necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

"El RD-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al SNS, se tramitará como una ley, que derogue definitivamente el RD-Ley 16/2012 y que, junto al reglamento que la desarrolle, garantice trabajar conjuntamente entre la Administración Central y las comunidades autónomas", recoge el documento.

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