Abogados del Estado: los altos funcionarios

Trufan las filas de la política y su experiencia, sus contactos y su conocimiento de los entresijos de la Administración hace que los grandes bufetes se los rifen. Los abogados del Estado, uno de los altos cuerpos de la Administración, se encuentra ahora en el punto de mira por su postura respecto a una posible petición de excarcelación de Oriol Junqueras como gesto de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Integrados dentro del Ministerio de Justicia, su función de asistencia jurídica y de defensa de los intereses del Estado se ve empañada por las consignas políticas procedentes del Ejecutivo que en ocasiones choca con el criterio técnico. 

Ante su falta de recorrido y posibilidad de progresar dentro de la Administración, muchos deciden dar el salto a la política. Desde que se creó el Cuerpo en 1881, muchos nombres han ocupado escaños y altos cargos públicos. Desde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Sanatamaría, hasta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. La ex número dos de Mariano Rajoy pertenece a una promoción a la que apodan como "La Gloriosa", por los buenos destinos que consiguieron sus egresados. También lo son el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín o el exbanquero Mario Conde.

En el actual Congreso tienen escaño la portavoz parlamentaria de Vox, Macarena Olona, que trabajó durante años en el País Vasco y fue nombrada secretaria general de la empresa pública Mercasa en 2017. Fue cesada tras la entrada del PSOE en el Gobierno antes de que tuviese que declarar en la Audiencia Nacional como representante legal de la compañía, dentro de la causa en la que se investigaba a sus directivos por un presunto reparto de comisiones ilegales.

Una de las oposiciones más duras

Su oposición es una de las más complicadas de la alta Administración. Requiere entre tres y seis años de dedicación absoluta para acceder a una de las pocas plazas que se convocan cada año. El pasado jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la convocatoria de 25 nuevas. Los últimos 17 fueron nombrados funcionarios el pasado mes de junio. Antes tuvieron que pasar cuatro ejercicios eliminatorios.

En el primero deben exponer oralmente ante el tribunal en un máximo de 65 minutos dos temas de derecho Civil, uno de Hipotecario, dos de Procesal, uno de Mercantil y otro de derecho del Trabajo. Todos son sacados a suerte. Si consiguen superar esa primera prueba, deben exponer por el mismo método un tema de derecho Constitucional, dos de Administrativo, dos de Hacienda Pública, uno de derecho Internacional Público y Comunitario Europeo y uno de derecho Penal. Apenas tienen diez minutos para preparase un esquema antes de iniciar cada exposición.

La tercera prueba llega con los idiomas. La primera es obligatoria y eliminatoria (inglés o francés); la segunda, opcional. En esta pueden elegir cualquier idioma de los oficiales de la Unión Europea. 

. Los supervivientes deben enfrentarse a un tercer tribunal, ante el que deben demostrar un dominio más que solvente de inglés o francés. Un cuarto tribunal, este ya voluntario y no eliminatorio, evaluará el conocimiento de cualquier otro idioma oficial de la Unión Europea distinto del elegido en la prueba anterior.

Llegados a este punto, queda lo peor, dos pruebas prácticas. La primera, una simulación de actuación en un asunto judicial; el segundo, la elaboración de un informe jurídico. Cada uno de los exámenes tiene una duración máxima de 10 horas, y los preparadores coinciden: durante las dos primeras conviene no escribir una línea y dedicarlas a madurar la respuesta. La calificación final es producto de un complejo baremo aplicado sobre los resultados de las diferentes pruebas; el aprobado está en 17,50 puntos y la nota máxima es de 35, aunque nadie recuerda ninguna por encima de 28. Está considerada como una de las oposiciones más duras de las existentes, lo que explica la escasa concurrencia de aspirantes. En las últimas pruebas convocadas, en 2013, solo 222 opositores compitieron por las 16 plazas ofertadas. En 2011 opositaron 192 para 20 plazas y en 2009, 144 para 25. El éxito se recompensa con el acceso al cuerpo de élite de la Administración, con remuneraciones cercanas a los 80.000 euros brutos anuales desde el primer día. Pero la mitad de los abogados del Estado, en cuanto tiene oportunidad legal para hacerlo, prefiere acceder a otros cargos públicos o emigrar al sector privado.

Según la última memoria disponible (2017), el número de Abogados del Estado en situación de excedencia
voluntaria representa el 33,02%. Durante ese año no se produjo ningún ingreso de nueva promoción, pero sí seis reingresos al servicio activo. Por otro lado se solicitaron cinco excedencias desde la situación de servicio activo y seis peticiones de Servicios Especiales desde la situación de servicio activo. También se jubilaron siete y falleció uno.