Política

Abogados del Estado: la élite jurídica en la que pescan los partidos, los bufetes y el Ibex

De los 634 que formaban el Cuerpo en 2017, 304 se encontraban en situación de excedencia voluntaria o servicios especiales. Justicia acaba de convocar una oposición para 25 nuevas plazas

Consuelo Castro Rey, con la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Consuelo Castro Rey, con la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Efe.

Nutren las filas de la política y su conocimiento de los entresijos de la Administración hace que los bufetes y las grandes empresas se los rifen. Los abogados del Estado, uno de los altos cuerpos del funcionariado español, se encuentra ahora en el punto de mira porque de su criterio sobre una posible excarcelación de Oriol Junqueras depende en buena medida la investidura de Pedro Sánchez

Integrados en el Ministerio de Justicia, su función de asistencia jurídica y de defensa de los intereses del Estado en los pleitos donde éste es parte se ve empañada por las directrices políticas del Ejecutivo que en ocasiones choca con su criterio técnico. Esquerra reclama ahora un 'gesto' tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce la inmunidad del líder independentista desde el día que fue proclamado eurodiputado. En junio, se mostraron a favor de que Junqueras saliera de la cárcel para recoger su acta de diputado del Congreso. Pero tras la condena firme a trece años de prisión por sedición y malversación, el informe se hace esperar y puede hacer descarrilar las negociaciones. 

Los abogados del Estado se reparten por todas las provincias y ocupan puestos en empresas públicas. También ejercen ante los órganos constitucionales e organismos internacionales. Muchos acceden a lo más alto del escalafón desde el principio de su carrera y ante el escaso recorrido que encuentran dentro de la Administración, no tardan en dar el salto a la política, la empresa privada o los grandes bufetes. Allí, sus salarios iniciales de entre 60.000 y 80.000 en el sector público, se multiplican exponencialmente.

Desde que se creó el Cuerpo en 1881, muchos de sus miembros han ocupado escaños y altos cargos. Desde la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Sanatamaría (ahora en el bufete Cuatrecasas), hasta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida son abogados del Estado. También la exministra María Dolores de Cospedal o el exministro y excomisario europeo Miguel Arias Cañete.

Incluso hay una promoción conocida como "La Gloriosa" por los jugosos destinos que consiguieron los miembros nombrados en 1996. Una quinta parte de esa promoción ocupó sillones de responsabilidad pública durante el mandato de Mariano Rajoy. Entre ellos, hay nombres como Jaime Pérez Renovales (subsecretario de Presidencia y Banco Santander), Miguel Temboury (Economía), Leopoldo González-Echenique (RTVE), Lourdes Centeno (CNMV) o Iván Rosa (Telefónica) -marido de Sáenz de Santamaría-.

Sáenz de Santamaría y Cañete.
Sáenz de Santamaría y Cañete. EFE

En el actual Congreso ocupan escaños la portavoz parlamentaria de Vox, Macarena Olona, que trabajó como abogada del Estado durante años en el País Vasco y fue nombrada secretaria general de la empresa pública Mercasa en 2017. Su compañero de partido en Bruselas, Jorge Buxadé, también es abogado del Estado como Edmundo Bal, el ahora diputado de Ciudadanos al quela abogada general del Estado, Consuelo Castro, apartó como jefe de lo Penal de los Servicios Jurídicos del Estado tras negarse a firmar el escrito de acusación contra los dirigentes independentistas por un delito de sedición y no de rebelión, como era su criterio. 

Muchos acaban en grandes despachos como CMS, Pérez Llorca o Ramón y Cajal; en grandes firmas como Mapfre, Repsol, Caixabank, Iberdrola, Sacyr, ACS, Bankinter; o en consultoras como E&Y o Deloitte. Ejemplo paradigmático es Pablo Isla, que lleva 14 años en cargos directivos de Inditex. Tras licenciarse en Derecho, fue número uno de la promoción de abogados del Estado de 1988. Tras ejercer en varios órganos públicos, pasó al Banco Popular. Más tarde pasó por Altadis en sustitución de César Alierta y por Telefónica. Finalmente, acabó recalando en el grupo de Amancio Ortega, del que ahora es presidente. También son abogados del Estado el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín o el exbanquero Mario Conde.

La mitad, fuera de su plaza

Según la última memoria disponible (2017), el número de Abogados del Estado en excedencia voluntaria (247) representa el 33,02% del total de 634. Otros 57 se acogen a la situación de Servicios Especiales. Durante ese año no se produjo ningún ingreso de nueva promoción, pero sí seis reingresos al servicio activo. Los que no deciden pasarse completamente al sector privado, pueden obtener una autorización de compatibilidad para ejercer la abogacía por su cuenta siempre que no litiguen contra los intereses del Estado. Aunque el control no es precisamente estricto. En algunas provincias, ante la falta de efectivos para asistir a todos los juicios menores -pero muy numerosos-, se llega a recurrir a funcionarios de la Administración General del Estado a los que se compensa con una cantidad simbólica. 

La oposición, exclusiva para licenciados o graduados en derecho, está considerada como una de las más duras de la alta Administración. Requiere entre tres y seis años de dedicación absoluta para acceder a una de las pocas plazas que se convocan. El pasado jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la convocatoria de 25 nuevas. Los últimos 17 fueron nombrados funcionarios el pasado mes de junio de un total de 234 opositores presentados. Para llegar ahí deben pasar cuatro ejercicios eliminatorios.

En el primero disponen de 65 minutos para exponer oralmente ante el tribunal dos temas de derecho Civil, uno de Hipotecario, dos de Procesal, uno de Mercantil y otro de derecho del Trabajo. Si consiguen superar esa primera prueba, deben exponer por el mismo método un tema de derecho Constitucional, dos de Administrativo, dos de Hacienda Pública, uno de derecho Internacional Público y Comunitario Europeo y uno de derecho Penal. Apenas tienen diez minutos para preparase un esquema antes de iniciar la exposición.

La tercera prueba llega con los idiomas. La primera es obligatoria y eliminatoria (inglés o francés); la segunda, opcional. En esta pueden elegir cualquier idioma de los oficiales de la Unión Europea. Pero la prueba de fuego llega con dos ejercicios prácticos de diez horas donde los aspirantes han de realizar una actuación escrita relacionada con un asunto judicial en el que el Estado sea parte o alguna entidad de Derecho Público, y elaborar un informe jurídico.

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