Política

La Abogacía del Estado se desmarca de la Fiscalía y acusa a los líderes del procés por sedición

La decisión fija la postura del Gobierno de cara al proceso con la apuesta por un delito que contempla penas más bajas que la rebelión por la que se inclina el Ministerio Público.

La Abogacía del Estado acusará por sedición y malversación a los líderes del ‘procés’ y se aleja de la Fiscalía General del Estado, que previsiblemente defenderá la acusación por rebelión, que conlleva penas más altas. Según ha adelantado 'El País', las condenas que pide este órgano, dependiente del Ministerio de Justicia, suman un mínimo de 14 años. Con el delito de rebelión las condenas podrían alcanzar el doble de años de cárcel.

De este modo, la Abogacía del Estado deja sola a la Fiscalía general del Estado y romperá la unidad de las acusaciones teniendo en cuenta que VOX, personado en la causa como acusación popular, también defenderá el delito de rebelión en su escrito que presentará el lunes.

La Abogacía del Estado representa los intereses del Gobierno en el proceso penal. Al apostar finalmente por la sedición el Ejecutivo de Pedro Sánchez confirma así su viraje, pues el propio presidente dijo hace unos meses en una entrevista televisiva no tener dudas de que lo que se produjo hace un año en Cataluña fue un presunto delito de rebelión.  

El debate sobre el uso de la violencia

El debate jurídico estriba en si medió o no actuación violenta en los hechos del asedio a la sede de la consellería de Hacienda el 20 de septiembre del año pasado y en la celebración del referéndum del 1-O de octubre. La Abogacía del Estado entiende que para que se produzca un delito de rebelión debe mediar un alzamiento violento. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dejó entrever la postura del Gobierno cuando hace unos días recordó una iniciativa defendida en su día por el dirigente del PP Federico Trillo, según el cuál, para que hubiese rebelión debía mediar la actuación de militares y/o de civiles armados a las órdenes de militares.

La apuesta por el delito del sedición se produce en el marco de la negociación con los independentistas para lograr su apoyo a los presupuestos del Gobierno. Desde el mundo independentista han condicionado ese apoyo a que el Gobierno logre que la Fiscalía retire la acusación por rebelión. 

La postura de la Abogacía del Estado rompe también con el criterio defendido durante toda la instrucción por el juez investigador del procedimiento, Pablo Llarena, quien procesó a los líderes independentistas por rebelión. El criterio del magistrado ha estado siempre avalado por la sala de apelaciones del propio Tribunal Supremo que juzgará a los líderes independentistas, incluido el líder de ERC, Oriol Junqueras

La opinión del juez

Según Llarena, lo que sucedió en septiembre y octubre del año pasado es la culminación de un proceso de seis años de incumplimiento de sentencias con la participación de partidos e instituciones que vieron en las movilizaciones callejeras una forma de presión. Así hasta acabar “asumiendo la violencia” como herramienta para celebrar el referéndum y declarar la independencia.

El criterio de Llarena, por ejemplo, no lo compartió la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, encargada de investigar a la cúpula de los Mossos d'Esquadra y que calificó los hechos como un presunto delito de sedición. Con todo, tanto la Abogacía como la Fiscalía podrían modificar sus peticiones de pena al final del juicio en función de cómo haya avanzando la vista oral, que se celebrará en unos meses con un tribunal formado por varios jueces entre los que no estará Llarena.

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