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Política

‘El Gordo’ reveló a Villarejo quién cobraba sobresueldos en la Policía de Felipe González

El exsecretario de Estado Rafael Vera admite el pago de "gratificaciones" a directivos del Cuerpo y a efectivos policiales implicados en la lucha contra ETA: "Probablemente García Castaño también cobró".

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EFE

El comisario Enrique García Castaño, conocido como ‘el Gordo’ en la Policía, le reveló a su compañero José Manuel Villarejo que altos directivos del Cuerpo habían cobrado sobresueldos en B durante el Gobierno de Felipe de González. Así se escucha en un audio al que ha tenido acceso ‘Vozpópuli’ en el que García Castaño llega a decir el nombre de algún mando que cobraba en sobres la misma cantidad que su sueldo oficial, entre ellos el exsubdirector operativo de la Policía, Agustín Linares.

La charla mantenida en 2005 y grabada -como todas- por el propio Villarejo abordaba los primeros años del polémico policía en el Cuerpo tras su regreso de una larga excedencia. Contaba Villarejo que a mediados de los noventa sufrió una persecución interna ante la que tuvo que “enseñar los dientes” para defenderse. VOPVID20181113_0004

En ese contexto, Villarejo citó al entonces subdirector operativo de la Policía Agustín Linares, una vez más como su persona de confianza y la única que sabía que nunca iba a “derrotar”. Con esa expresión se refería a hacer públicos todos los encargos que había realizado por orden de sus superiores. “Si yo hablo, los meto a todos presos”, dijo Villarejo.    

Es en ese momento cuando García Castaño le hace un apunte a Villarejo acerca de Linares y otros altos mandos policiales de la época. “Agustín (Linares) no se puede quejar (...) Agustín cobraba en B dos sueldos eh, él y Jesús Martínez. Él era de los que más cobraba, él y Jesús Martínez y después la Junta de Gobierno. Cobraba de sobres lo mismo que cobraba de sueldo. A mí me lo contó Juan de Justo, que era el secretario de [Rafael] Vera", completó Garcia Castaño.

Linares: "Eso es mentira"

Jesús Martínez Torre fue comisario General de Información y la Junta de Gobierno de la Policía es el máximo órgano operativo del Cuerpo, integrado por los responsables de todas las comisaría centrales. Este periódico se ha puesto en contacto con varios de los aludidos por García Castaño, entre ellos Agustín Linares. “Eso es mentira”, asevera el exmando policial, que hace semanas firmó un texto en defensa de Villarejo que fue remitido al juez que le investiga en la Audiencia Nacional, Diego De Egea.   

"Enrique García Castaño no tiene ni idea porque en esa época solo era un inspector”, declara Linares a ‘Vozpópuli’. No obstante, admite una información publicada en su día por El País, según la cual, cobró seis millones de pesetas (36.000 euros). Lo admitió el propio Linares en calidad de imputado ante el juez que investigaba el uso de fondos reservados en la época socialista.

Linares explicó que ese dinero se lo había entregado Vera, pero lo enmarcó en una recompensa por su dedicación en “cuerpo y alma” a la Policía. El exmando policial pone ahora en valor que nunca llegó a ser siquiera juzgado por estos hechos.

Vera: herencia de UCD

‘Vozpópuli’ también ha hablado con el propio Vera, quién no tiene ningún reparo en reconocer la existencia de pagos paralelos al propio sueldo de funcionario, una práctica que -dice- se heredó de los tiempos de Gobierno de UCD. A su entender “no es nada nuevo y ya se investigó”. El que fuera secretario de Estado de Seguridad prefiere hablar de “gratificaciones” por el tiempo de dedicación y los riesgos en la época más dura del terrorismo de ETA.

Vera confirma que ese dinero se pagaba tanto a los mandos en Madrid como a los operativos en primera línea antiterrorista en el País Vasco. “Probablemente García Castaño -al que Vera se refiere como ‘Blasillo’- también cobró”, apunta al tiempo que recuerda que por aquellas prácticas el único condenado fue él.

En realidad, el año 2002 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Vera junto a otros cuatro altos cargos del Ministerio del Interior a penas de entre diez meses y siete años de cárcel por sustraer 775 millones de pesetas (465.000 euros) procedentes de los fondos reservados. La sentencia consideraba probado que “una pluralidad de funcionarios” de las fuerzas de seguridad del Estado se habían beneficiado de gratificaciones y retribuciones, si bien esta parte no fue objeto de acusación durante el juicio.

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