Cataluña

El Supremo retira el acta parlamentaria de Puigdemont y el resto de procesados

La medida afecta a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez. Además Llarena declara en rebeldía al expresidente y el resto de los huidos.

Sede del Tribunal Supremo
Sede del Tribunal Supremo Tere García

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este martes la conclusión de la causa del procés y ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión temporal de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva, todo ellos procesados por rebelión. También le ha retirado el acta parlamentaria al expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania. Respecto al expresidente y el resto de los huidos, el juez les ha declarado en rebeldía y no avisa que no puede concluir la investigación que sigue contra ellos por lo que ha abierto una pieza separada a al espera de que puedan estar a su disposición.

La conclusión y suspensión de funciones dictada por Llarena afecta Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez. Queda eximido el exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento. El magistrado explica que la suspensión de funciones es "automática por imperio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y deja en manos del Parlamento catalán la posibilidad de que los diputados suspendidos sean sustituidos temporalmente por otros de sus respectivas candidaturas.

Llarena busca impedir que "personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad”.

No pierden la mayoría parlamentaria

Llarena recuerda que, a diferencia de lo que ocurre con una pena que comporte la privación definitiva del derecho de representación (inhabilitación), la medida adoptada es meramente provisional y quedaría sin efecto si se les atribuyen otras infracciones penales distintas de la rebelión, o si se modifica la situación de prisión provisional a la que están sujetos.

Esa suspensión provisional del escaño, según Llarena, “no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se integran los procesados, hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el período de la suspensión de los cargos; como tampoco resulta coherente que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores”.

El juez considera obligado comunicar a la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña que los procesados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sánchez “han quedado suspendidos en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad a la previsión legal”.

Llarena añade que se comunicará a la Mesa del Parlament que “no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los prcoesados, puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento”.

En rebeldía los huidos

La conclusión de la causa afecta únicamente a los procesados que se encuentra a disposición del juez instructor. Respecto a los que están huidos de la justicia y que son Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel, el juez ha acordado en otro auto declararlos en rebeldía y, tal y como contempla el artículo 842 de la ley procesal, se suspende el curso de la causa respecto a éstos, que quedarán en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del juez instructor.

A partir de ahora, Llarena pierde la competencia respecto de los procesados para los que se ha acordado la conclusión de sumario, les emplaza para que comparezcan ante el tribunal competente en el plazo de quince días.

El juez acoge la pretensión de Meritxell Serret y Antoni Comín de dejar sin efecto la providencia de 27 de junio de 2018 por la que se declaró firme el auto de procesamiento respecto a estos dos procesados, que alegaron  que no fueron tenidos por parte hasta el día 5 de junio pasado y que, puesto que no se les había notificado desde entonces dicho auto ni se les había recibido tampoco declaración indagatoria, el auto de procesamiento no había podido ganar firmeza para ellos dos.

El juez rechaza en esa misma resolución todas las diligencias solicitadas tanto por la acusación popular ejercida por VOX como por las defensas. El magistrado entiende que se han practicado cuantas diligencias han sido necesarias para esclarecer los hechos y procede declarar concluso el sumario y remitir la causa al Tribunal competente para celebrar el juicio.

Además de este auto, el juez ha dictado otros siete autos en los que resuelve las distintas peticiones que le han planteado la defensa de algunos de los procesados. Por un lado, deniega la petición de libertad del ex conseller de Interior Joaquím Forn por riesgo de reiteración delictiva y de fuga, y, por otro lado, rechaza incluir en esta causa a Neus Lloveras, diputada de Parlament de Cataluña y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, y Miquel Buch, actual conseller de Interior de la Generalitat, investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la posible comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

No espera a los informes de Hacienda

Llarena acuerda dejar sin efecto la solicitud realizada al Ministerio de Hacienda para que elaborase un informe de análisis técnico-contable respecto de la documentación entregada por la Generalidad de Cataluña con ocasión de los cuatro requerimientos efectuados por ese Ministerio a la Interventora General de Intervención de las Cuentas de la Generalidad a lo largo de los años 2017-2018, así como análisis, con criterios técnico-contables, de la evolución de la intervención de las cuentas de la Generalidad a lo largo de los años 2017- 2018.

Por otra parte, rechaza la pretensión del procesado Jordi Cuixart de expulsar del procedimiento documentos y diligencias vinculados con Josep María Jové y Lluis Salvador, y rechaza también el recurso que presentaron varios de los procesados contra la providencia del instructor en la que les daba tres días de plazo para que solicitasen las diligencias que considerasen oportunas. Por último, el instructor declara bastante la fianza de 2.135.948,06 euros ingresada por la Asamblea Nacional Catalana en la cuenta de consignaciones del Tribunal Supremo para responder de las posibles responsabilidades civiles.



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