Desafío secesionista

Trapero se descuelga del 1-O para recurrir su procesamiento por sedición

Así lo ha dicho en su recurso contra el auto de la Audiencia Nacional que lo procesa por sedición y organización criminal

Josep Lluis Trapero
Josep Lluis Trapero Efe

Apenas unos minutos es el tiempo que ha permanecido esta vez el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional, donde ha acudido este lunes para ser informado personalmente de manos de la jueza Carmen Lamela de los motivos por los que le ha procesado por dos delitos de sedición y uno de organización criminal.

Trapero ha alegado que se desmarcó ante el Govern del referéndum del 1-O y que se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de la Fiscalía para cumplir sus "órdenes" tras la aprobación de la declaración de independencia.

En su recurso contra el auto de la Audiencia Nacional, el que fuera jefe de la policía catalana insiste en que los mandos policiales de Mossos expresaron su "discrepancia" con la cúpula de la consellería de Interior respecto a sus planes para celebrar el 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).

Otros procesados

El mismo trámite han realizado la intendente Teresa Laplana -quien ha comparecido por videoconferencia-, el exdirector de este cuerpo policial Pere Soler y el ex secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña César Puig. La juez procesa a Laplana por un único delito de sedición, y en el caso de Puig y Soler les procesa por un delito de sedición y organización criminal.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 explica en un auto de 37 páginas que Trapero, Soler y Puig integraron una organización jerarquizada con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal y "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña". Esta estructura fue la que "en suma permitió la celebración del referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre".

Igualmente, describe el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión, en el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada y se centró en la "utilización ilegal" de los Mossos "al servicio de los intereses secesionistas".

Una utilización de la que se sirvieron tanto "en los actos sediciosos" del 20 y 21 de septiembre ocurridos en la Consejería de Economía, como en la celebración del referéndum ilegal pero también "en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización".



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