Política

Rivera da por hecho que el PP buscará el cerrojazo de la 'Comisión Gürtel'

El líder naranja sostiene que "no cabe amparo" tras la advertencia de los populares de llevar la comisión al Tribunal Constitucional por no delimitar la investigación. 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (d), acompañado del portavoz de Justicia del partido, Ignacio Prendes (i).
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (d), acompañado del portavoz de Justicia del partido, Ignacio Prendes (i). EFE

La relación de PP y Ciudadanos, socios de investidura, atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el arranque de la legislatura. El motivo: la 'Comisión Bárcenas' o 'Comisión Gürtel' recién constituida en el Congreso para investigar la presunta financiación irregular del PP. Esta comisión de investigación ha arrancado con la citación del extesorero del PP Luis Bárcenas para el próximo 26 de junio, pero los populares ya han pedido a la Mesa del Congreso un informe jurídico para que se delimite la investigación (temporal, espacial e institucionalmente). De no prosperar esta petición, rechazada por Ciudadanos, el PP ha deslizado que pediría amparo al Tribunal Constitucional.

El partido que sustenta al Gobierno se basa en dos sentencias que cuestionaron la acción de sendas comisiones de investigación en el Parlamento de Galicia (caso Prestige) y en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mantiene que aquí "no cabe amparo"del TC. Con todo, el líder naranja da por hecho que el PP buscará el cerrojazo de la 'Comisión Gürtel'.

El dirigente centrista ha perdido toda confianza en los populares, pese a que éstos, en base a lo firmado en el acuerdo de investidura, terminaron votando en el Pleno a favor de la constitución de dicha comisión, registrada por PSOE, Podemos y Ciudadanos. El PP mantiene que votó a favor para dar cumplimiento a dicho pacto de investidura y con la intención de que esta comisión sirviera para buscar mejoras en la lucha contra la corrupción, no para convertirla en un "tribunal inquisidor". 

La primera de las sentencias en que se basan los populares señala que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid estimó el pasado diciembre un recurso del PP en el Ayuntamiento de la capital contra el acuerdo del Pleno municipal por el que se creaba una comisión de investigación sobre contratos con sobrecostes en los tres últimos mandatos y sobre el origen del endeudamiento del consistorio

El citado Juzgado, que cita a su vez sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, aseguraba en su resolución que estas comisiones deben tener "un objeto cierto y una duración determinada", según la normativa aplicable y daba la razón al PP al entender que la comisión municipal en cuestión tenía una finalidad planteada "de una manera genérica, sin concretar el asunto a investigar específico".

El PP sostiene que esta comisión debía servir para mejorar en la lucha contra la corrupción y no ser un "tribunal inquisidor"

"Se acuerda que se investigue todo, durante tres legislaturas, a ver si algo se descubriera", añadía el juzgado, que señalaba que algo así se puede averiguar mediante informes solicitados por el Pleno o por el mismo alcalde.

Desde Ciudadanos, según las fuentes consultadas por Vozpópuli, el caso del Ayuntamiento de Madrid no es comparable al de la 'Comisión Gürtel' en el Congreso, ya que siguió, sostienen, la vía contencioso-administrativa y no la de amparo al Tribunal Constitucional. 

En rueda de prensa este miércoles, Rivera pidió al PP "calma y colaboración" ante el comienzo de los trabajos de la comisión y aseguró que su partido trabajará con "serenidad, seriedad y rigor". "Le pedimos respeto por el trabajo institucional. Que Podemos ponga en jaque a veces el trabajo institucional, ya contamos con ello, pero que lo haga el partido de gobierno no tiene sentido", subrayó. 

En cuanto al ámbito temporal de la investigación, Rivera reiteró que Ciudadanos quiere analizar "la etapa Rajoy", es decir, desde que preside el PP, año 2004. Los populares vienen defendiendo que las investigaciones arranquen en 2015, fecha en que el delito de financiación ilegal fue introducido en el ordenamiento jurídico. No obstante, como comentó ayer el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, están abiertos a negociar con Ciudadanos que los trabajos se remonten a 2004 si el partido naranja accede a acotar la investigación tanto territorial como administrativamente. Por ejemplo, hay algunos grupos que quieren incluir también casos de corrupción en la administración local, es decir, ayuntamientos. Sin embargo, en Ciudadanos sospechan que todo ello es una maniobra de distracción del PP mientras persigue "cerrar en falso la comisión".



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