Podemos cuestiona al juez y rechaza el delito de terrorismo para los miembros de CDR

El partido morado lo tiene claro. La protesta callejera violenta ejercida en Cataluña por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR) no es equiparable ni al delito de terrorismo ni al de rebelión. Así lo defendieron este martes sus principales dirigentes a raíz de la detención por parte de la Guardia Civil de dos integrantes de los comités que organizaron la movilización que desembocó en el boicot a los peajes y en el corte de carreteras catalanas para reivindicar la "república catalana" y pedir la liberación de los dirigentes políticos encarcelados.

El partido morado lamenta ahora lo que a su juicio supone una "banalización" del terrorismo y del sufrimiento de sus víctimas por la poca proporcionalidad que perciben en las últimas decisiones judiciales en relación a los CDR. En este sentido, Iglesias rechaza de plano la comparación con la 'kale borroka' sufrida en el País Vasco. "Creo que tenemos una imagen muy dura de aquellos años 80 y creo que no hemos visto nada parecido en Cataluña", sentenciaba este martes.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, llamaba a proteger el derecho a la protesta social. Su tesis es que hay suficientes elementos judiciales para perseguir los "ilícitos penales" que puedan darse en el marco de esas protestas "legítimas"que derivan en violencia, pero sin aplicar la ley antiterrorista.

Según Iglesias, "el terrorismo es pegarle un tiro en la nuca a un rival político, poner una bomba lapa, una bomba en un supermercado o intentar asesinar con bombas y tiros", pero no lo que llevaron a cabo de los CDR durante la pasada Semana Santa en Cataluña. La posición de Podemos es compartida no sólo por los partidos independentistas, sino también por el propio PSC. Su portavoz en el Parlament, Eva Granados, defendía que algunos actos son "condenables políticamente y, posiblemente, penalmente", pero no percibía motivos suficientes para aplicar la legislación antiterrorista.

La defensa de la libertad de expresión y la aplicación del Código Penal reformado por el PP en 2015 es uno de los grandes caballos de batalla de la formación que lidera Pablo Iglesias. Hasta ahora han criticado duramente la aplicación de la Ley por parte de la Audiencia Nacional en relación con los tuiteros o con artistas como el rapero Valtònyc, condenado a tres años y medios de prisión por las letras de sus canciones.