Podemos prepara una Ley que unifique rentas mínimas en una sola prestación

Podemos prepara una proposición de ley que permita unificar en una sola renta garantizada de ingresos mínimos las diferentes prestaciones que existen actualmente y que a su vez sea compatible con las rentas mínimas ya vigentes en algunas Comunidades Autónomas.

El secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha avanzado, en una entrevista a EFE, que están estudiando el diferente abanico de prestaciones y ayudas que se reciben por desempleo para analizar cuáles se podrían unificar en una sola renta que garantice recursos, de al menos 650 euros mensuales, a los hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza.

La proposición de ley, que Podemos confía que sea debatida este año en el Pleno del Congreso, profundizaría en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Renta Mínima que actualmente se debate en la Comisión de Empleo, y que pide la creación de unos ingresos mínimos de 426 euros para parados sin recursos que buscan empleo.

Álvarez ha explicado que su formación analiza generalizar para todo el territorio una renta que se podría complementar con las ayudas de ingresos mínimos acordadas en algunas autonomías como el País Vasco o Navarra, pero que incluyera elementos que no desincentiven la búsqueda de empleo ni la desigualdad de trato entre ciudadanos de un territorio u otro.

Se trataría de establecer una renta que se fuera reduciendo progresivamente a medida que se encuentra un empleo pero que al mismo tiempo garantice que se llega a los 650 euros mensuales.

"No tiene sentido que uno pierda una prestación si encuentra un empleo de bajos ingresos", afirma, al tiempo que señala que podría ser compatible con la autonomía fiscal que tienen las regiones.

No obstante, afirma que las prestaciones ligadas al trabajo cotizado no deberían desaparecer pero que otras, como el plan Prepara, podrían ser eliminadas para ser asumidas en esta nueva renta garantizada.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contempla entre sus 2.100 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la implantación de esta renta así como la iniciativa de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros en 2020 o la vinculación del IPC a la revalorización de las pensiones, que calculan en 2.200 millones.