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Política

Podemos se suma a los nacionalistas y obliga a Borrell a comparecer por el informe 'España Global'

Josep Borrell.

Podemos ha decidido sumarse a los nacionalistas catalanes, ERC y JxCAT, para pedir al ministro de Exteriores, Josep Borrell, que comparezca de forma extraordinaria y dé explicaciones sobre el informe España Global, pensado para rebatir “las consignas del secesionismo”. Los morados también han exigido en la Diputación Permanente del Congreso que la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo informe sobre la gestión de la crisis del Open Arms.

El documento España Global ha sido elaborado por Borrell para desmentir las mentiras del procés difundidas por el Diplocat en Europa y el resto del mundo. Ese dossier, del que es responsable Irene Lozano, explica en 72 páginas “la realidad sobre el proceso independentista”. Lozano y Borrell quieren responder a las “falsedades difundidas sobre el proceso y la situación en Catalunya” con hechos objetivos.

Sin embargo, ERC y JxCAT han exigido que Borrell informe en la Cámara sobre un documento que, sostienen, "además de contener aseveraciones injuriosas sobre la sociedad catalana, también viola la presunción de inocencia de los presos políticos”. Podemos, que también ha votado a favor de la comparecencia extraordinaria de Borrell, se suma una vez más a las consignas de los independentistas en un asunto estratégico del Estado como es el conflicto territorial.

Torra acusa a Borrell de malversación

El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, dio instrucciones este mes a los servicios jurídicos del Govern para que estudien medidas a emprender contra el informe España Global. Según Torra el documento "criminaliza" al independentismo antes de que haya sentencia del Tribunal Supremo. La Generalitat considera que Lozano y Borrell “vulneran la directiva europea sobre presunción de inocencia", en declaraciones a Efe.

La Generalitat también exige al gobierno en funciones de Pedro Sánchez que explique cuánto ha costado la elaboración de este informe, puesto que en opinión del gobierno catalán se puede haber cometido un delito de malversación.

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