Política

Patxi Lazcoz, exalcalde de Vitoria: "Los portales de transparencia son una pose"

El exalcalde socialista de Vitoria publica una guía de lucha contra la corrupción en la que analiza los delitos más comunes y establece pautas para mejorar la lucha desde las instituciones y los partidos

El exalcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz.
El exalcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz. VP

El exalcalde socialista de Vitoria, Patxi Lazcoz, publica el libro "Guía Anticorrupción. Tácticas de combate" (Aranzadi, 2018). Un manual que pretende servir como herramienta para evitar los comportamientos corruptos en el sector público. Además de un extenso análisis de los delitos más habituales de ese ámbito (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documento público y malversación), incorpora propuestas para aumentar la eficacia de la lucha contra la corrupción a aquellos empleados y representantes públicos sin profundos conocimientos de derecho. 

Ostentó el bastón de mando de la capital vasca entre 2007 y 2011 y ahora ejerce como abogado. En el manual prologado por el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre Guerricagoitia, Lazcoz aporta su más de veinte años en la administración municipal para alertar sobre las grietas de las instituciones. 

En esta entrevista con Vozpópuli niega que España sea "un país institucionalmente corrupto", aunque alerta de que "no se hace lo suficiente en materia de lucha contra la corrupción". Asimismo, considera que las actuales herramientas de transparencia de las administraciones son ineficaces como como medida disuasoria. Avisa también de la tendencia de los partidos políticos a 'tapar' lo propio y concluye que "la prescripción de los delitos de corrupción es un elemento que facilita la impunidad". 

Hemos visto casos de corrupción muy graves que se eternizan en los juzgados. ¿Se ha mejorado en algo a lo largo de todos estos años?

Todo tiene que ver con el nivel de tolerancia que tenemos como sociedad. La cultura mediterránea es muy diferente a la del centro y norte de Europa, donde la reacción social frente a los comportamientos deshonestos –no los delitos- provoca que los responsables públicos dimitan o sean expulsados de la política aunque no haya normas diciendo que algo es ilegal. Al margen de las mejoras legislativas en el Código Penal o en la capacidad de inspección, sí ha habido una mejoría en el sentido de que hay una mayor sensibilización de la ciudadanía frente a la corrupción.

Un comportamiento deshonesto no debe tener trascendencia penal para que contamine la imagen de una institución

Lo que no ha habido es una respuesta que haya acompañado a esos mayores niveles de intolerancia con medidas mucho más contundentes. No tanto de las capacidades legales del Estado sino en lo que se refiere al propio comportamiento de los partidos políticos frente a los casos de corrupción. Un comportamiento deshonesto no debe tener trascendencia penal para que llegue a contaminar la imagen de una institución.

-Los nuevos partidos, que en sus inicios insistían mucho en que hubiera mayor transparencia, ¿se diferencian en algo de los tradicionales?

-Son menos vulnerables porque se han incorporado recientemente a labores de gobierno. La corrupción tiene nombres y apellidos. Y puede convertir a un partido en una máquina de corrupción, como le ha pasado al PP en algunos puntos de España.

-Habla usted en el libro de que a veces hay transparencia excesiva o directamente inútil… ¿A qué se refiere?

-Es la trampa de la transparencia. Te metes en la web de una institución y tienes cantidades ingentes de información. Se ha confundido cantidad de información con un elemento de transparencia. Y eso no es cierto. Lo importante es el acceso a la información. Cómo se filtra la información que se necesita. No tiene sentido que haya que pasarse decenas de horas de investigación para obtener la información. Lo útil de la transparencia es que fuera disuasoria. Si sé que es un auténtico galimatías juntar las piezas de esos puzzles, ¿de qué sirve? Podrá hacerse de buena fe, pero no es eficiente.

Ahora mismo, las declaraciones de bienes en la mayor parte de las instituciones son un ejercicio voluntarista; nadie lo revisa

Además, los portales de transparencia de los partidos donde no se actualiza la información, son una pose. Igual que las declaraciones de bienes. Debería sancionarse cuando no se pone todo lo que se tiene que poner o cuando se ponen cosas distintas y se atribuye, casualmente, a un error. Ahora mismo, las declaraciones de bienes en la mayor parte de las instituciones son un ejercicio voluntarista. ¿Quién inspecciona la verdad de lo que ha puesto y se ha firmado? Nadie lo revisa. Y en caso de que se encuentre que algo no está… ¿es gratis? Y eso que es la información que debe servir para comparar el antes y el después del paso por una institución pública de un político.

-¿Se necesita hacer algún cambio penal?

-Tocar las normas penales no es algo que se pueda hacer en un 'calentón'. Ni siquiera teniendo razón. Y no creo que toda la lucha contra la corrupción se base en cambios legislativos. Pero, por ejemplo, ¿por qué no ponemos en el Código Penal que los delitos de corrupción no prescriban? Eso sí sería disuasorio. La prescripción de los delitos de corrupción es un elemento que facilita la impunidad. Yo creo que los más graves, los más importantes delitos de corrupción no deberían tener plazo de prescripción. De tal manera que cualquiera que tenga la tentación de hacer una gracia, sepa que le va a perseguir la posibilidad de caer en manos de la Justicia en cualquier momento a lo largo de su vida.

-¿Cuáles no deberían prescribir?

-Pues por ejemplo la prevaricación, el cohecho y la malversación.

-¿Es posible participar en un caso de corrupción sin saberlo?

-Yo creo que sí. De hecho, en las sentencias que he analizado del Tribunal Supremo para tratar de traducir a un lenguaje más cercano en qué consisten esos delitos de corrupción, sí hay gente que participa de manera inconsciente, aunque eso no le exime de la responsabilidad penal. Hay gente que no sabe que mirando para otro lado te convierte en un copartícipe en un delito de corrupción. Esto ha ocurrido con los altos cargos técnicos funcionarios de los ayuntamientos que se encontraron con sustos de ese tipo, por no meterse con el alcalde de turno.

Hay gente que no sabe que mirando para otro lado te convierte en un copartícipe en un delito de corrupción

-¿Cuanto más tiempo en el poder, mayores posibilidades de corromperse?

-No tiene por qué. En lo que sí puede afectar es a que en aquellas instituciones en las que no ha habido casi alternancia, aunque cambien las personas, el problema es la tendencia a decir ‘vamos a tapar esto’. No tiene tanto que ver con que una misma persona lleve un recorrido largo en una institución, como con el hecho de que la propia formación política tenga una inercia a considerar lo pasado de los suyos como algo no sospechoso para ser debidamente investigado o para pasar por los tamices de la transparencia.

El exalcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz.
El exalcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz. VP

-¿Se ha quedado corta la Ley de Contratos del Sector Público?

-No hay ninguna ley perfecta. Pero se me ocurren media docena de ideas sobre cómo esa ley puede ayudar a cercenar espacios de corrupción. Publicando a quién se contrata, cómo se le contrata y a cuánto se le contrata. Y además que sea una base de datos manejable y accesible. Está muy mal gestionada la información como para que esa información sea algo disuasorio.

-¿En qué ámbitos puede seguir habiendo mayores tentaciones de saltarse las normas?

-Yo he tratado de identificar los ámbitos más sensibles, vinculados a la experiencia judicial. La mayor parte de los asuntos ha sido en temas de contratación, subvenciones y urbanismo. Sobre todo donde se mueven más recursos económicos.

Lo que nos ha pasado es que hemos ido más al socaire de los grandes titulares de los medios de comunicación que haber hecho una verdadera reflexión sobre si lo que estábamos haciendo era lo más correcto a la hora de cerrar espacios de impunidad. En 2010 se introduce la reforma del Código Penal que las personas jurídicas puedan ser condenadas. Pero ese cambio excluye a los partidos políticos y los sindicatos. Hasta 2015, la hiperactividad judicial provoca una reacción en los medios de comunicación que se une a la irrupción de Podemos y Ciudadanos. Y en ese año se cambia el Código Penal para incluir a partidos y sindicatos.

Entonces, ¿alguien se ha preguntado por qué en 2010 se dejó fuera a partidos y sindicatos? En la votación del Congreso no se montó ninguna escandalera, cuando era un escándalo. ¿Qué razón había objetiva para excluirla? Yo no lo sé. No he sido incapaz de encontrar nada relevante al respecto. Nos hemos estado moviendo a golpe de escándalo en lugar de hacer una reflexión sobre si las administraciones públicas no están diseñadas pensando que todo el mundo es buena gente. Y lo que pasa es que con unos pocos que sean mala gente, se puede llegar a cuestionar la confianza de la ciudadanía en el entramado institucional del sistema democrático.

-¿Es España es un país corrupto? ¿O se ha exagerado esta impresión?

-Alguien de fuera llegaría a la conclusión de que son tantas las noticias de gran impacto sobre corrupción que podría pensar que España tiene un grave problema de corrupción. Pero en términos cuantitativos, la muestra que ha pasado por los juzgados y los tribunales, no es representativa del conjunto de los representantes públicos. Yo no diría que España es institucionalmente un país corrupto. Pero a nivel institucional no hace lo suficiente desde el punto de vista de lucha contra la corrupción. Y por eso han ocurrido muchas más cosas de las que deberían.

Yo no diría que España es institucionalmente un país corrupto. Pero no hace lo suficiente en la lucha contra la corrupción

Yo nunca me atrevería a decir que se puede acabar con la corrupción institucional, porque participan personas. Y lo mismo que tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestras imperfecciones. Y una de ellas es ser muy amigo del dinero o un abusador del poder. Otra cosa es cómo reaccionamos. Y la forma en cómo hemos reaccionado ha sido esperpéntica. Da la sensación de que el supuesto derecho individual a la presunción de inocencia esté por encima del supuesto derecho de la ciudadanía a confiar en el entramado institucional. A un político hay que decirle que a veces hay que pagar este tipo de precios si te dedicas a la política. No hay que esperar a una sentencia firme que confirme tu culpabilidad porque la confianza de los ciudadanos en las instituciones está por encima de tu derecho individual.

- ¿La reflexión sobre el conjunto español vale también para País Vasco? Porque desde fuera se tiene la impresión de que allí no ha estado tan extendida.

-No, porque aquí también ha habido casos de corrupción. Ahora se está juzgando uno muy conocido como el caso De Miguel. Euskadi no es un oasis, pero la diferencia es que en el País Vasco las mayorías absolutas son muy excepcionales. No es lo mismo instituciones gobernadas durante muchos años con mayorías absolutas que instituciones donde se ha gobernado con gobiernos minoritarios o de coalición. Seguramente, esa estructura haya hecho que lo espacios de corrupción sean menores. Pero no que no existan.

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