Política

Paradores, una empresa pública envuelta en la polémica

La compañía hotelera estatal, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, está dirigida por la exmujer de Rodrigo Rato, relacionada con los presuntos delitos que penden sobre el exvicepresidente

Angeles Alarcó, presidenta de Paradores
Angeles Alarcó, presidenta de Paradores

El nombramiento del jefe de Seguridad de Mariano Rajoy como consejero de Paradores Nacionales no es la primera polémica en la que se ve envuelta la compañía hotelera pública. De hecho, el número de problemas es tan amplio que abarca desde el nombramiento de la presidenta hasta un detalle tan teóricamente insignificante como la compra del pan del molde que se sirve en los establecimientos.

El cargo de presidente de la empresa estatal corresponde al Ministerio de Energía que ha recogido las competencias de Turismo de la anterior cartera de Industria. A través de él, el también polémico ministro José Manuel Soria nombró ya en 2012 a Ángeles Alarcó, exmujer de Rodrigo Rato, presidenta de Paradores Nacionales a pesar de contar con una escasa experiencia en gestión empresarial. El sueldo que percibe supera los 170.000 euros anuales y Gela Alarcó, como es conocida la exesposa de Rato, ha sido relacionada con los presuntos casos de corrupción que afectan al exvicepresidente. Tanto es así que cuando se detuvo al que fuera vicepresidente el PSOE pidió su dimisión porque "ella participaba en varias de las empresas relacionadas con los delitos que se le imputan", tal y como señaló el socialista Miguel Ángel Heredia. 

Lejos de corregir esta selección, el Gobierno de Mariano Rajoy renovó este cargo en 2016, a pesar de que en ese momento el Ejecutivo -y el ministro de Industria por partida doble tras la dimisión forzada de José Manuel Soria- estaba en funciones. Esta decisión se hizo sin publicidad de ningún tipo y solo fue desvelada después de que El Confidencial destapase el nombramiento gracias a las publicaciones del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

El 'dedazo' fue criticado por la oposición por las implicaciones de Alarcó en el caso de su exmarido y por la mala gestión que, a su juicio, había llevado la presidenta de Paradores en la empresa pública. Así, el PSOE consideró que la "sigilosa renovación" se produjo por la "vergüenza que tiene que darle al Gobierno que Ángeles Alarcó siga de presidenta de Paradores". Ciudadanos, por su parte, aseguró que su gestión "no ha estado exenta de críticas", con un expediente de regulación de empleo (ERE) de 350 personas y el cierre de varios establecimientos, entre otras decisiones polémicas

Rehabilitaciones de edificios y trabajadores afectados por un ERE

Entre tanto, Paradores Nacionales tiene previsto invertir 20 millones de euros para reformar el Hostal de San Marcos y se ha gastado otros 16,6 millones en el recién inaugurado Parador de Lérida. Y en 2016, recién renovada, Ángeles Alarcó sacó pecho por los buenos resultados obtenidos afirmando que estos habían sido posibles "gracias al cambio de modelo de negocio en el que se ha potenciado la creación y liderazgo, haciendo equipos sólidos, alineados con la cultura corporativa y con un especial foco en el cumplimiento del plan estratégico”.

Una retahíla de expresiones manidas en el mundo de la comunicación empresarial y vacías de significado que esconden las verdaderas razones por las que Paradores ha pasado de rozar la quiebra a obtener beneficios: la inestimable ayuda del Estado con una inyección millonaria que ya quisieran otros organismos públicos, y una política de contención de costes laborales que tiene a punto de la sublevación a buena parte de la plantilla.

La inyección de dinero público vino acompañada de una dura política de contención de costes laborales a la que fuentes sindicales se refieren como "caza al rojo". En 2013 Paradores, con una plantilla cercana a los 4.000 empleados, aplicó un Expediente de Regulación de Empleo que afectó a 246 personas, y un Expediente de Regulación de Empleo Temporal contra 400 empleados. Las fuentes sindicales consultadas denuncian que en los dos últimos años se ha incrementado de forma inusual el número de expedientes abiertos a trabajadores, y que el salario medio de la plantilla a duras penas alcanza los 1.000 euros mensuales.



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