Publicado: 05/01/2019 11:19
El PSOE quiere poner las máximas trabas posibles a quienes recurran a la gestación subrogada para formar una familia.
Entre las medidas que pretenden adoptar está la de penalizar a las agencias intermediarias en la gestación subrogada y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.
Se trata de un documento elaborado por un grupo de expertos del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE en el que participa la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo.
Altamira Gonzalo asegura que alquilar un vientre supone comprar un bebé y en España "se penaliza el tráfico de personas"
En declaraciones a Efe, Gonzalo ha asegurado que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España "se penaliza el tráfico de personas" y ha calificado esta práctica como una forma de violencia machista y explotación reproductiva, al igual que los matrimonios forzosos o la mutilación femenina, como recoge el Convenio de Estambul (2014).
El informe de los expertos busca modificar el artículo 221 del Código Penal para así penalizar la firma de contratos y la intermediación e insta a la redacción de un convenio internacional amparado por la ONU, que prohíba estas prácticas y que se consideren una violencia más para las mujeres.
Sentencia del Supremo
Como alternativa, apuesta por la modificación de los trámites para la adopción, con el fin de agilizarlos y facilitarlos, al incidir en que, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, "la dignidad de las mujeres es un derecho fundamental que colisiona con el interés de los menores".
En la actualidad en España la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida -Ley 14/2006 de 26 de mayo- considera nulos los contratos de este tipo de gestación, ya sea con o sin compensación económica, por lo que los padres que desean tener hijos por este sistema acuden a otros países.
No obstante, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a percibir prestación por maternidad o paternidad en los nacimientos a través de esta práctica y una instrucción de la Dirección General de Registro y del Notariado de 2010 permite inscribir a esos niños.
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