La oposición insta a Ciudadanos a retirar su apoyo a los vetos de Rajoy tras el revés del TC

PSOE y Unidos Podemos celebraron este martes la decisión del Tribunal Constitucional que da la razón a la Mesa del Congreso para rechazar los vetos del Ejecutivo a las leyes de la oposición por cuestiones presupuestarias. Según el fallo del alto tribunal, el órgano rector de la Cámara tiene capacidad suficiente para rechazarlo cuando considere que el veto del Gobierno no está suficientemente fundado y especifica que sólo pueden presentarse contra iniciativas que afecten a los presupuestos en curso y no a cuentas futuras.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha usado a lo largo de esta legislatura de forma recurrente la capacidad de veto que le otorga el artículo 134.6 la Constitución para frenar las iniciativas que puedan afectar a las cuentas públicas, dada la falta de mayoría absoluta de la que gozaba en su anterior mandato. Pero el alto tribunal decidió resolver a favor de la Cámara Baja tras el conflicto de atribuciones presentado por el Ejecutivo contra la decisión de la Mesa de levantar un veto relativo a la Ley de Educación del PP, la LOMCE. Esto sienta un precedente acerca de un precepto sobre el que no existía jurispridencia. 

Tanto el partido de Pedro Sánchez como el de Pablo Iglesias han denunciado el uso de esta potestad por parte del Ejecutivo junto a la ampliación del período de enmiedas, sobre todo en iniciativas de contenido social. En este mandato el Ejecutivo ha vetado en el órgano de gobierno de la Cámara un total de 62 proposiciones que van desde la rebaja de las tasas judiciales al aumento del salario mínimo o la subida de las pensiones. En la reunión de la Mesa de este mismo martes, PP y Ciudadanos volvieron a respaldar el veto del Gobierno a otras dos proposiciones de Ley relativas a la ley de aguas y otra sobre discapacidad.

Ahora, los dos grandes partidos de la oposición fijan su objetivo en el papel del partido de Albert Rivera, cuyas relaciones con el PP de Rajoy no atraviesan su mejor momento con el caso Cifuentes. En este sentido, la portavoz socialista Margarita Robles criticó el apoyo brindado al Ejecutivo por el partido naranja y le instó a dejar de seguir apoyándolo. La magistrada calificó la resolución del TC como un "correctivo muy importante" para el Gobierno y consideró que puede "dar oxígeno a una legislatura apagada por el bloqueo sistemático". Ahora sólo falta que Ciudadanos deje de seguir "miméticamente" esa posición.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, aprovechó la noticia para recalcar que su grupo parlamentario ha vuelto a plantear a la presidenta de la Cámara Ana Pastor que permita al menos el debate en el Pleno de proposiciones de Ley vetadas por el Gobierno como la que versa sobre la actualización de las pensiones en base al IPC y la derogación del factor de sostenibilidad. Asimismo, instó al propio Rivera a reconsiderar su postura, alineada hasta ahora con los intereses del Gobierno, quien vetó la tramitación de la ley de Unidos Podemos alegando que su entrada en vigor supondría un gasto de 2.175,26 millones para 2018.

Desde las filas populares, su portavoz Rafael Hernando minimizó el calado de la decisión del Constitucional mientras que la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ensalzó que el pronunciamiento no solo sienta un precedente, sino que supone "tirón de orejas" para que el Gobierno no vuelva a "extralimitarse" en sus funciones frente a las del poder legislativo. 

Unidos Podemos presentó una reforma del Reglamento el pasado mes de octubre que pretendía modificar los artículos 111 y 126 para obligar al Ejecutivo a comunicar "de forma expresa y suficientemente motivada" su negativa a la tramitación de una proposición y que pudiera vetarse sólo si afecta "exclusivamente al ejercicio presupuestario en curso", en línea con lo expresado por el Constitucional este martes. 

Una de los casos más curiosos sobre el veto presupuestario fue el fallo del Gobierno a la hora de presentarlo en la Mesa a la iniciativa de Unidos Podemos para cambiar la regla de gasto en los ayuntamientos saneados. El Ejecutivo intentó vetar la tramitación de la proposición, pero registró el veto cuatro minutos después de que concluyera el plazo. El error permitió que la iniciativa llegase al pleno.