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Política

La oposición se une y pide que Catalá, Zoido y el fiscal general comparezcan en el Congreso

Varias informaciones apuntan a un "chivatazo" a González previniéndole de que sus líneas de teléfono estaban "pinchadas" y de su posible detención. Además, el fiscal anticorrupción de Madrid, Manuel Moix, intentó paralizar uno de los registros en la operación Lezo.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, con el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El PSOE va a registrar en el Congreso las peticiones de comparecencia de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que aclaren "las maniobras para obstaculizar la investigación de la corrupción del PP".

Así lo han confirmado fuentes del grupo parlamentario socialista tras conocer las informaciones que aseguran hoy que el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, "intentó impedir uno de los registros de la operación" contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

González fue detenido este miércoles en el marco de una operación coordinada por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, por supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II. Tras la detención de González, el grupo socialista quiere que tanto la Fiscalía General del Estado como los ministros de Interior y Justicia expliquen en el Congreso si ha habido "maniobras" para "obstaculizar" esa investigación sobre "la corrupción del PP".

Por su parte, Ciudadanos pedirá la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que dé cuenta de los supuestos "chivatazos" dados al expresidente madrileño Ignacio González y las supuestas presiones de la Fiscalía Anticorrupción. "Es de una gravedad extrema, si es cierto", ha dicho el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un encuentro sobre morosidad.

Además, Unidos-Podemos ha exigido el cese inmediato del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, por "proteger al PP en los casos de corrupción", y la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por ser el "responsable político máximo" de las supuestas irregularidades en el Canal Isabel II.

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