Política

La ministra de Justicia será reprobada por su gestión de la defensa del juez Llarena

Los populares reprobarán en el Senado a Dolores Delgado y exigen su dimisión por su actuación ante la defensa del magistrado instructor del procés frente a la demanda de Pugidemont en Bélgica

La portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, y el presidente del PP, Pablo Casado.
La portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, y el presidente del PP, Pablo Casado. EFE

El Partido Popular reclama la dimisión o el "cese inmediato" de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras el cambio de criterio del Gobierno en la defensa del juez del Supremo, Pablo Llarena, ante la demanda interpuesta en Bélgica por Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros fugados. 

La portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, ha exigido que el Gobierno pida "disculpas públicas" al instructor de la causa del procés y ha reclamado también la dimisión o el cese de la titular de Justicia por sus "bandazos" en este asunto. "Han cambiado de criterio no porque crean en ello, sino por la presión de jueces y fiscales y la presión social", ha manifestado en rueda de prensa conjunta en el Senado con el portavoz, Ignacio Cosidó.

Precisamente, los populares impulsarán primero en la Cámara Alta una interpelación, tras la que presentarán una moción para reprobar a la ministra si aún sigue en su puesto. Harán lo mismo más tarde en el Congreso, aunque ahí no cuentan con mayoría absoluta, por lo que puede no salir adelante.

Sobre el cambio de postura del Ejecutivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado zanjar la polémica respondido que la defensa de Llarena no es una cuestión privada sino "de Estado". Lo ha dicho en medio de su gira por Latinoamérica, donde ha recalcado que el Ejecutivo ha atendido "desde el primer momento" los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial

El cambio de estrategia también ha soliviantado a los independentistas de ERC y el PDeCAT y a los socios de Podemos. Estos últimos defienden que España no tiene por qué costear la defensa de Llarena porque la demanda de Puigdemont se basa en unas declaraciones que el magistrado hizo "en el ámbito privado", al término de un curso en Oviedo en el que participaba.

Aunque según ha trascendido, dichas declaraciones habrían sido falseadas en su traducción al francés por parte de los abogados del expresidente catalán. Si Llarena habló ante los medios sobre los delitos que está investigando utilizando el condicional, en el texto francés la comisión de esos delitos se da por sentada. 



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