Política

Caso De Miguel: el PNV también tiene 'su Gürtel' en los tribunales

Los tribunales vascos juzgan dos presuntos casos de corrupción en los que estuvieron implicados ex altos cargos del PNV o jefes de departamentos públicos nombrados durante la etapa de Ibarretxe

Alfredo de Miguel.
Alfredo de Miguel. EFE

Frente a la extendida creencia de que el País Vasco es una especie de paraíso ajeno de corrupción, la actualidad judicial en Euskadi está marcada por dos procesos que salpican de alguna manera al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Uno, el 'caso De Miguel', es el mayor caso jamás instruido por corrupción en esa comunidad. El otro -'caso Margüello'-, aunque de menor envergadura, se asemeja a alguno de los asuntos más turbios ocurridos entre la Administración y los partidos políticos en el resto de España. 

El 'caso De Miguel' gira en torno a una presunta trama de cobro de comisiones ilegales para conseguir la adjudicación de contratos públicos. Su cabeza más visible es el ex número dos del PNV de Álava y ex diputado foral Alfredo de Miguel, apodado 'Txitxo', para quien la Fiscalía solicita 54 años y 11 meses de prisión por más de veinte delitos. Entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales o tráfico de influencias. 

Casi nueve años después de la denuncia presentada por la abogada urbanista Ainhoa Alberdi, el pasado mes de enero se abrió el juicio oral en la Audiencia Provincial de Álava. En su día, la letrada se negó a abonar la comisión que le habría exigido De Miguel por importe de 100.000 euros. El anterior socio de la empresa de la que ella se había convertido en administraba única había pactado la mordida por la adjudicación de la ampliación del Parque Tecnológico de Álava. Alberdi aportó conversaciones grabadas y correos electrónicos que respaldaban su versión. Había que "pasar por caja", le dijo presuntamente De Miguel.

El fiscal pide en total 119 años de prisión para los 26 imputados, entre ellos ex cargos del PNV y del gobierno vasco en tiempos de Ibarretxe. La trama terminó dividida en 12 piezas distintas por su complejidad. Para los exmiembros de la Ejecutiva alavesa del PNV, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, solicita 32 años y dos meses para cada uno. 

Los implicados terminaron entregando su carnet de afiliado después de casi diez meses, a petición de Urkullu

Todos los implicados terminaron entregando su carnet de afiliado después de casi diez meses, a petición del propio lehendakari, Iñigo Urkullu. Este último llegó a defender que la corrupción no casa con los valores ni con la cultura de la sociedad vasca y asegura que si finalmente se demuestra esta presunta trama de corrupción, se trataría de "un caso aislado".

Es la tesis oficial marcada por los jetzales. Los acusados están fuera de sus filas y son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. "No tienen nada que ver, y esto ha sido probado a lo largo de la instrucción, con una financiación irregular del PNV", ni con "una presunta trama de corrupción del PNV", defendió a comienzos de año el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban.

No lo perciben así desde EH Bildu. "No es una manzana podrida. Está podrido todo el cesto", aseguran fuentes del partido en Álava. Desde el PSE se limitan a responder que "deberán ser los tribunales" quienes determinen en qué grado puede afectar al PNV, aunque reconocen que la "judialización de la política no da buena imagen". 

El Parlamento Vasco creó una comisión de investigación que acabó aprobando un dictamen donde se atribuían responsabilidades políticas a los exlíderes nacionalistas procesados. Sólo el partido que dirige Andoni Ortúzar votó en contra. "No sé si pedirán perdón, pero por lo menos que los actuales cargos del PNV reconozcan que en sus propias filas ha habido y hay corrupción. Ellos no se salvan y es una lacra de la que la sociedad está harta", recalcan fuentes del PP alavés. 

Nunca antes se había juzgado un caso de corrupción de tal envergadura en Euskadi con 150 testigos y 21.000 folios

Nunca antes se había juzgado un caso de corrupción de tal envergadura en Euskadi: 150 testigos y 21.000 folios dan cuenta de la complejidad que adquirió la presunta trama. Las sesiones se prolongarán hasta octubre. Sí ha habido, en cambio, otros casos de menor envergadura como el Caso Epsilon, el caso Hacienda de Irún, o el caso Hacienda de Vizcaya. También el caso Hiriko, un proyecto para fabricar un coche eléctrico al que se dedicaron 16 millones de euros de ayudas públicas para conseguir sólo un prototipo.

Los niveles de preocupación de la sociedad vasca por la corrupción, en cambio, son significativamente mucho más bajos que los de la sociedad española en general, si se comparan los datos estadísticos del Gobierno de Euskadi con los del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y en cuestión se pone de forma recurrente el papel de los medios públicos en esa comunidad a la hora de informar sobre estos asuntos, que muchas veces terminan enmarcados en hechos aislados.

Caso Margüello

El 'Caso Margüello' el el otro procedimiento que actualmente sienta en el banquillo a exaltos cargos vinculados al PNV. En concreto, están imputados tres exresponsables de la Sanidad pública nombrados durante el período de Juan José Ibarretxe para quienes lajuez pide una fianza solidaria de hasta 6,8 millones de euros, lo que presuntamente costó el desvío de dinero a las arcas públicas. 

El exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, es el principal acusado por delitos que van desde la prevaricación hasta la malversación, pasando por el fraude contra la administración pública. Durante su declaración en el juicio que arrancó el pasado lunes sostuvo que sólo tenía una representación "simbólica" en la empresa contratada por el departamento vasco de Sanidad en 2006 para gestionar las listas de espera. Al frente de la institución estaba por entonces Gabriel Inclán (PNV). 

La Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en las adjudicaciones y pide penas de hasta 11 años de cárcel

Además de Margüello, también están imputados otros dos excargos del Departamento vasco de Sanidad: el responsable territorial de Vizcaya en aquel tiempo, José Ramón Elorriaga, y el exviceconsejero Rafael Cerdán. La Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en las adjudicaciones de dos contratos y pide penas de 11 años de cárcel para todos salvo para Cerdá, para quien lo deja en 6,5 años. El Ministerio Público considera que tanto Cerdán como Elorriaga incumplieron la legalidad en beneficio de dos empresas privadas de Margüello, que figuraban a nombre de una testaferro, María Nieves Fernández para quien también pide 11 años.

El caso ha servido para enfrentar al PNV con los socialistas vascos. Mientras los nacionalistas siempre han negado el daño a las arcas públicas, los socialistas fueron quienes se encargaron de destapar el caso con la llegada al Gobierno de Patxi López. Desde las filas del PNV se les acusa de airearlo para denostar su gestión. Aunque está personado en la causa, el actual Ejecutivo de Urkullu no solicita -como en el caso De Miguel- penas de prisión para los acusados que pasan por el banquillo. Sólo que devuelvan lo que termine estimando la sentencia si es que da la razón al Ministerio Público. 



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