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Política

El PNV también tiene 'su Gürtel'

Frente a la extendida creencia de que el País Vasco es una especie de paraíso libre de corrupción, la actualidad judicial en Euskadi está marcada por dos procesos que salpican de alguna manera al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Uno es el mayor caso jamás instruido por corrupción en esa comunidad y otro, aunque de menor envergadura, se asemeja alguno de los asuntos más turbios entre la Administración y los partidos políticos en el resto de España. 

El 'caso de Miguel' gira en torno a una presunta trama de cobro de comisiones ilegales para conseguir la adjudicación de contratos públicos. Su cabeza más visible es el ex número dos del PNV de Álava y ex diputado foral Alfredo de Miguel, apodado 'Txitxo', para quien la Fiscalía solicita 54 años y 11 meses de prisión por más de veinte delitos. Entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales o tráfico de influencias. 

Casi nueve años después de la denuncia presentada por la abogada urbanista Ainhoa Alberdi, el pasado mes de enero se abrió el juicio oral en la Audiencia Provincial de Álava. En su día, la letrada se negó a abonar la comisión exigida por De Miguel por importe de 100.000 euros. El fiscal pide en total 119 años de prisión para los 26 imputados, entre ellos ex cargos del PNV, en esta trama que terminó dividida en 12 piezas distintas. Para los exmiembros de la Ejecutiva alavesa del PNV, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, solicita 32 años y dos meses para cada uno. Todos los implicados tuvieron que entregar su carnet de afiliado. 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, que sostiene que la corrupción no casa con los valores ni con la cultura de la sociedad vasca, cree que si finalmente se demuestra en los tribunales esta presunta trama de corrupción, se trataría de "un caso aislado". No lo perciben así desde EH Bildu. "No es una manzana podrida. Está podrido todo el cesto", aseguran fuentes del partido en Álava. Desde el PSE en esa provincia se limitan a responder que "deberán ser los tribunales" quienes determinen en qué grado puede afectar al PNV. El Parlamento Vasco creó una comisión de investigación que acabó aprobando un dictamen donde se atribuían responsabilidades políticas a los exlíderes nacionalistas. El partido que dirige Andoni Ortúzar votó en contra. Nunca antes se había juzgado un caso de tal envergadura en Euskadi, aunque sí ha habido otros como el Caso Epsilon, Caso Hacienda de Irún, Caso Hacienda de Vizcaya o el Caso Tragaperras. 

Caso Margüello

De mucha menor envergadura es el otro de los casos que sientan estos días en el banquillo a ex altos cargos vinculados al PNV. En concreto, están imputados tres ex altos cargos de la Sanidad pública durante el gobierno de Juan José Ibarretxe para quienes la juez pide una fianza solidaria de hasta 6,8 millones de euros. 

El exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, es el principal acusado por delitos que van desde la prevaricación hasta la malversación, pasando por el fraude contra la administración pública. Durante su declaración en el juicio sostuvo que sólo tenía una representación "simbólica" en la empresa contratada por el departamento vasco de Sanidad en 2006 para gestionar las listas de espera. Al frente de la institución estaba por entonces Gabriel Inclán (PNV). 

El caso ha servido para enfrentar al PNV con los socialistas. Mientras los nacionalistas siempre han negado el daño a las arcas públicas, los socialistas destaparon el caso al llegar al Gobierno y se les acusa de airearlo para denostar su gestión. Aunque está personado en la causa, el actual Ejecutivo de Urkullu no solicita penas de prisión para los acusados que pasan por el banquillo de la Audiencia de Vizcaya. Sólo que devuelvan lo que estime la sentencia. 

Además de Margüello, también están imputados una testaferro y otros dos excargos del Departamento vasco de Sanidad. El responsable territorial de Vizcaya en aquel tiempo, José Ramón Elorriaga, y el exviceconsejero Rafael Cerdán. La Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en las adjudicaciones y pide penas de 11 años de cárcel para todos salvo para Cerdá, para quien lo deja en 6,5 años.

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