Política

Montoro dará en horas a Llarena su versión del 1-O para no 'contaminar' el Presupuesto

La documentación consistirá en varios 'pen drive' con documentos del control de gasto en Cataluña desde septiembre pasado que demuestran que no hubo malversación de fondos 

Cristóbal Montoro durante la presentación de los Presupuestos.
Cristóbal Montoro durante la presentación de los Presupuestos. EFE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregará "esta tarde o mañana (miércoles)" la documentación que le ha requerido el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para demostrar que no hubo malversación de fondos públicos que financiaran el referéndum ilegal del 1-O, según han explicado a Vozpópuli fuentes gubernamentales.

Montoro no quiere que este debate contamine su actuación parlamentaria, miércoles a partir de las 12.00 en el Congreso, durante el crucial debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, que va a determinar lo que resta de legislatura.

El Supremo recibirá "uno o varios" pen drive, acompañados de una relación exhaustiva de los informes y documentos oficiales que contienen y que, básicamente, pretenden desmontar la idea de que al titular de Hacienda le engañaron en el pago de ciertas facturas. Irán las cuentas de la Generalitat desde 2015.

Los 'pen drive' de Montoro intentan demostrar que Hacienda ejercitó correctamente su "control de gasto" previo, al margen de lo que luego haya podido descubrir la Guardia Civil

Según las fuentes consultadas, Montoro va a argumentar que, en lo que respecta al "control de gasto" previo de la Generalitat, que le compete a su departamento desde que en septiembre -antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el resto de la administración-, el Consejo de Ministros decidiera intervenir económicamente la economía catalana, no hay pruebas ni indicios de que haya habido malversación.

Otra cosa es que, "a posteriori", los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan acreditado posibles delitos, a determinar por el juez instructor, pero las fuentes informantes insisten en que no hay contradicción entre una cosa y otra. 

Aún así, otras fuentes gubernamentales consultadas por Vozpópuli creen que el ministro de Hacienda no debió ser "tan categórico" en sus afirmaciones porque ha puesto al magistrado Llarena en el brete de creerle a él o a la Guardia Civil que depende del Ministro del Interior en un asunto muy delicado porque lo más probable a esta hora es que Alemania solo pueda entregar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont solo por ese delito.

La Benemérita cree que ha habido malversación de, por lo menos, dos millones de euros en facturas supuestamente legales que realmente fueron a financiar el 1-O

El problema para el titular de Hacienda es que la UCO ha aportado al juez información con la cual éste formó una pieza separada que ha permanecido durante un mes bajo secreto de sumario. Apunta a un total 1.915.067 euros para la consulta ilegal del 1 de octubre bajo la apariencia de facturas legales cuyo pago Hacienda autorizó: publicidad, partidas para servicio postal fraccionadas en distintas consejerías, propaganda con pagos ocultos tras Ómnium Cultural, invitaciones por Diplocat, cesión de espacios y papeletas.

Por eso Llarena va a requerir un informe de la Abogacía del Estado, porque el magistrado considera que el Estado Español también ha sido parte perjudicada en todo este entramado y porque quiere tener una tercera versión entre la de Montoro y la de la Guardia Civil.

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