Consejo de Ministros

Moncloa acorrala el referéndum: pide al TC que suspenda ya la partida que lo iba a financiar

El Gobierno recurre ante el Constitucional los Presupuestos de Cataluña por incluir partidas destinadas a financiar la consulta independentista. El Ejecutivo pide la "suspensión automática" de esa parte de la ley y que se le notifique personalmente al presidente de la Generalitat la toma de esta medida, en caso de que se adopte.

Santamaría y Méndez de Vigo, este viernes en Moncloa.
Santamaría y Méndez de Vigo, este viernes en Moncloa.

El Consejo de Ministros ha resuelto este viernes llevar ante el Tribunal Constitucional "determinados preceptos" de la ley de Presupuestos catalana de 2017, aprobada recientemente por la mayoría independentista del Parlamento autonómico. El Gobierno recurrirá la disposición adicional 40 y tres partidas presupuestarias destinadas a sufragar el referéndum de autodeterminación que la Generalitat planea convocar en septiembre. Además, demanda al TC que "suspenda automáticamente" esas partes de la norma y ponga así imposible a Carles Puigdemont financiar la consulta. El recurso incluye la petición de que se comunique personalmente la medida, en caso de que finalmente se tome, a una serie de cargos catalanes, incluido el presidente de la Generalitat.

Así lo ha informado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en comparecencia tras la reunión semanal del Gabinete. Santamaría ha criticado "los extremos en los que está trabajando" el secesionismo catalán, que alumbró dos enmiendas distintas al Presupuesto para financiar el referéndum y se saltó la resolución del Consejo de Garantías Estatutarias, que consideró contrario al Estatuto y a la Constitución un movimiento así. "Ninguna de estas dos enmiendas solventaba la inconstitucionalidad" detectada por dicho órgano, ha destacado la vicepresidenta, y sin embargo "se aprobaron las dos, un hecho realmente inédito". "La aplicación del derecho por parte del Parlament se está convirtiendo en una cosa no muy comprensible", ha añadido.

Una vez publicada la norma presupuestaria en el Diario Oficial del Parlamento de Cataluña, el Gobierno solicitó un informe al Consejo de Estado para recurrir al TC. Este llegó ayer, recomendando recurrir las partes ya señaladas. "Los motivos son los que ustedes conocen": se "vulnera la competencia exclusiva del Estado" en materia de convocatoria de referéndums y son unos Presupuestos contrarios a los artículos 1.2, 9.1 y 168 de la Carta Magna.

El Ejecutivo cree que así cierra todas las vías a la Generalitat para convocar la consulta independentista

Moncloa ha hecho uso de la potestad de pedir al TC la "suspensión automática de los preceptos impugnados", cosa que diferencia su recurso del que han anunciado los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos. Además de a Puigdemont, el Gobierno quiere que se le notifique esa suspensión, si se produce, a los consejeros del Gobierno autonómico, al secretario del mismo, a la secretaría de la Vicepresidencia, a la interventora de la Generalitat, a la directora de Contratación y al director general de Presupuestos. "Solicitamos que esa notificación advierta a todos del deber de paralizar" sus planes secesionistas y de las "responsabilidades" que acarrearía no hacerlo, ha remarcado Santamaría.

"No van a ningún sitio y, lo que es más importante, cada vez les acompaña menos gente", ha continuado. Para el Gobierno, "el referéndum no va a ningún lado, vulnera la Constitución y vulnera la legalidad", "lo ha dicho el Tribunal Constitucional" y también "las propias instituciones de autogobierno de Cataluña". Deben "reflexionar", ha concluido la vicepresidenta.

Fuentes de Moncloa han apuntado posteriormente que esta maniobra hará "inviable" el referéndum, puesto que la "ejecución presupuestaria es un mecanismo muy reglado" que solo pueden pilotar ciertos cargos del Gobierno autonómico. A todos ellos se les notificará personalmente que no pueden emprender ningún movimiento para financiar la consulta secesionista, so pena de incurrir en responsabilidades penales. Abierta queda la puerta a la convocatoria de elecciones regionales, puesto que el recurso cita expresamente que no pueden utilizarse fondos para un proceso concreto -el del referéndum-, no para los procesos electorales en general.

Gibraltar

Santamaría ha comparecido tras el Consejo de Ministros por primera vez desde que no es portavoz para explicar los detalles de este recurso y el acuerdo para modificar el régimen económico y fiscal de Canarias, aprobado también hoy. Con todo, la decisión más importante del Gobierno ha sido la de dar luz verde al anteproyecto de Presupuestos, que llegarán al Congreso el martes. Esta medida ha motivado la presencia en la rueda de prensa de los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, junto a la obligada del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

El portavoz ha sido el encargado de ofrecer las valoraciones del Ejecutivo sobre una importante decisión que ha tomado la UE sobre la negociación del brexit: no asumir ningún acuerdo que afecte a Gibraltar si este no cuenta con el visto bueno de España. Méndez de Vigo ha celebrado que esa sea una de las orientaciones que guiarán las conversaciones para articular la salida del Reino Unido de la UE -"nos satisface" y también ha destacado que el país británico abandonará el proyecto comunitario "en su conjunto". Se irán "todos los territorios" que forman parte del mismo y también aquellos sobre "los que tiene algún tipo de jurisdicción", como Gibraltar.

Méndez de Vigo celebra que la UE haya reconocido a España derecho de veto sobre posibles acuerdos con el Reino Unido en torno a Gibraltar: "Nos satisface"

El brexit se negociará bajo la idea del "paquete único": "Nada está acordado hasta que todo está acordado". Y se hablará primero de las condiciones de la salida y luego de las futuras relaciones UE-Londres, no en paralelo. La decisión de la UE sobre el Peñón es un espaldarazo al Gobierno de Rajoy, que ha realizado un gran esfuerzo diplomático para conseguir este derecho de veto. "Una vez que Reino Unido deje la Unión, ningún acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido se podrá aplicar al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre España y Reino Unido", dicen las directrices elaboradas por Bruselas que tanto han confortado a Moncloa.

Fuentes del Gabinete subrayan la importancia de que se cite ese precepto en un documento tan escueto y destacan también que no se cita expresamente a ningún otro Estado miembro para reconocerle una capacidad de veto similar en cualquier otro tema.



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