Política

Secretos oficiales: medio siglo de asuntos enterrados bajo llave

El Congreso ha desbloqueado esta semana la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que data del franquismo y que mantiene miles de documentos blindados del acceso de los investigadores

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968, mantiene enterrados en los archivos españoles miles de documentos sobre la historia más reciente de nuestro país, bajo la premisa de que su acceso público puede afectar a la seguridad nacional. La Mesa del Congreso de los Diputados acordó el pasado martes desbloquear la proposición presentada hace más de un año por el PNV para reformar la norma que apenas se ha retocado desde el franquismo y que no contempla mecanismos para la desclasificación automática. 

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, acusó tanto al PP como al PSOE y Ciudadanos de pretender promover el "oscurantismo" con las más de cuarenta enmiendas presentadas al texto, en las que los partidos difieren principalmente sobre los plazos en los que las informaciones clasificadas deben permanecer secretas o ser abiertas al acceso público.  

Esteban criticó especialmente las del PP, a las que califico de "gatopardianas". "Cambiar para no cambiar nada", defendió. La propuesta de los nacionalistas vascos pide desclasificar automáticamente los documentos declarados secretos en un plazo de 25 años y de diez en el caso de materias reservadas. El PP, en cambio, se resiste, y propone que pasen tres años antes de que comience a desclasificarse información secreta anterior a 1968. A partir de 2023 se empezaría a desclasificar la documentación de dos ejercicios cada año.

¿Quién debe decidir sobre ello? La propuesta del PNV contempla que sólo el Consejo de Ministros tenga la competencia, algo en lo que parecen coincidir todos los partidos. La actual normativa facultaba también a los jefes del Estado mayor o capitanes generales de las regiones militares. Por otro lado, para los nacionalistas vascos no tiene sentido que, como defiende el PP, se nombre autoridad delegada de la información clasificada al director del CNI. 

El muro de la historia

La Ley de Secretos Oficiales es el gran obstáculo para los historiadores. Se da la paradoja de que muchos investigadores deben viajar al extranjero para conseguir documentos que aquí están clasificados. Todos critican el carácter obsoleto de la norma franquista y aducen que choca con el carácter democrático de la España actual. El accidente de Palomares o el caso del 23-F siguen siendo episodios opacos, salvo por las informaciones que se pueden encontrar en archivos de otros países. También algunos episodios de la Guerra Civil.

La exministra socialista de Defensa Carme Chacón intentó durante su mandato proceder a la desclasificación de cerca de 10.000 documentos militares que comprendía el período entre 1936 y 1968, anterior a la propia Ley de Secretos Oficiales. Su sucesor, el popular Pedro Morenés, decidió congelar el proceso ante las posibles repercusiones mediáticas y diplomáticas. 

En las enmiendas presentadas al texto del PNV, Unidos Podemos propone que no se puedan clasificar informaciones que sean "esenciales" para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos. Los socialistas, por su parte, solicitan prohibir el borrado de los correos electrónicos enviados por altos cargos desde cuentas oficiales durante un periodo de 20 años. 



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