La juez del 'caso Máster' trata de blindarse con la Fiscalía para evitar el archivo de la causa

La juez de Madrid que investiga el 'caso Máster', Carmen Rodríguez-Medel, busca el apoyo de la Fiscalía de Madrid para apuntalar su investigación, que ha sufrido un duro traspié con la decisión del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, de solicitar el archivo de la causa contra el presidente del PP, Pablo Casado, al considerar que las pesquisas podrían tener un carácter "prospectivo" o "general", una interpretación que de extenderse al resto de implicados en la causa pondría en peligro toda la instrucción realizada hasta el momento.

Este es el principal motivo por el que la juez, que trata de demostrar que la investigación que ha realizado hasta el momento no es "prospectiva", sino que está basada en pruebas objetivas, ha dictado este lunes una providencia en la que pregunta a la Fiscalía de Madrid si mantiene su criterio de apoyar la investigación de las actividades del director del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, el presunto muñidor de un sistema de favores para beneficiar a alumnos VIP, o por el contrario considera que se está excediendo en las pesquisas.

De esta forma, la juez trata de apuntalar su investigación y evitar el archivo en cadena de toda la causa, (excepto del presunto delito de falsificación de documento público que habría cometido la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes).

Audiencia de Madrid

Precisamente, Álvarez Conde basa su estrategia judicial en descalificar la instrucción por considerarla prospectiva, al afirmar que la jueza está investigando más allá de los hechos denunciados. Tanto es así que el principal implicado en esta causa ha recurrido la mayoría de las decisiones de la juez, con la intención de conseguir la nulidad de todo el procedimiento.

La Audiencia Provincial de Madrid tendrá que resolver en las próximas fechas todos los recursos interpuestos por la defensa del director del máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, del presidente del PP Pablo Casado y de la exministra de Sanidad Carmen Montón, entre otros alumnos.

Un posible cambio de criterio sobre la legalidad de la investigación de la causa contra Álvarez Conde podría provocar un efecto dominó sobre el resto de imputados, cuyos abogados presentarán con toda probabilidad escritos en el juzgado reclamando el archivo de sus imputaciones, que calificarán como "prospectivas" o sin pruebas objetivas, tal y como apuntó la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el caso específico de Pablo Casado.

Sin indicios

En concreto, el teniente fiscal Navajas no ve indicios "incontestables" de la existencia de responsabilidad penal por parte del presidente del PP: "No ha quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto de Casado con cualquiera de los demás investigados", según completa el escrito remitido por el fiscal a la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si imputa al dirigente conservador o cierra la causa.

Pero el apoyo de la Fiscalía de Madrid, que tal y como especifica la magistrada en su providencia hasta el momento se había opuesto "en todas las ocasiones" a la pretensión de Álvarez Conde de considerar como prospectiva la instrucción, también podría suponer un 'blindaje' para que la juez pueda sortear las eventuales querellas que le puedan interponer los imputados, o cualquier otra persona, por una posible prevaricación en su actividad judicial.

Sánchez Melgar

"La oposición de la Fiscalía a la pretensión de Álvarez Conde se articulaba motivadamente y con expresa cita de jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto del ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar", recuerda la juez, que destaca que a lo largo de la instrucción han sido diferentes los representantes del Ministerio Fiscal que han informado de forma positiva sobre su decisión de investigar el caso.

Y la providencia cita el ejemplo de un informe de 25 de julio de 2018, de la pieza de Casado, firmado por el fiscal Pérez Martínez, en el que rechazaba el carácter prospectivo de la causa, completa la providencia de la magistrada, que acaba reclamando al ministerio público, cuyos representantes no acudieron este lunes a la declaración de la 'número dos' del Instituto de Derecho Público, Laura Nuño, que le especifique un posible "cambio de interpretación que tenga incidencia" en la causa.