Audiencia Nacional

López Madrid acusa al juez del 'caso Lezo' de simular que cumple la ley

El yerno de Juan Miguel Villar Mir considera que Manuel García-Castellón ha buscado una excusa para no cumplir la decisión de la Sala de lo Penal de que identifique en la medida de lo posible a todas las personas cuyas conversaciones con el dueño de OHL fueron grabadas por la Guardia Civil

Javier López Madrid, presidente de Ferroglobe
Javier López Madrid, presidente de Ferroglobe Efe

Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha acusado al juez que le mantiene imputado en la Audiencia Nacional en el caso Lezo, Manuel García-Castellón, de simular que cumple la ley, según consta en un recurso de apelación presentado por el letrado del empresario ya condenado a seis meses de cárcel por el caso de las tarjetas black.

En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el presidente de Ferroglobe asegura que al rechazar el juez García-Castellón la supuesta obligación de comunicar a todas las personas cuyas conversaciones con el dueño de OHL fueron grabadas por la Guardia Civil, en realidad lo que hace el instructor es cumplir de forma "aparente" una orden de la Sala de lo Penal: "Pues no satisface, en modo alguno, el mandato de sujeción a la legalidad que imponía al juez".

Tal y como adelantó este diario, el instructor del caso Lezo ha rechazado informar de la existencia de las grabaciones a Villar Mir a las personas que aparecen en las mismas. García-Castellón tomó esta decisión por la exigencia de un esfuerzo desproporcionado y por el posible perjuicio a futuras investigaciones.

"Regla general"

Sin embargo, López Madrid no está de acuerdo con la decisión del instructor, ya que considera que la "regla general" debería ser facilitar a los terceros, que no forman parte del procedimiento, la información sobre las conversaciones grabadas.

Además, el letrado de López Madrid rechaza también que la identificación de todas las personas aludidas en las conversaciones grabadas, algo que no se ha hecho en los principales los casos de corrupción conocidos hasta el momento, "puede hablarse de esfuerzo desproporcionado" para los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "La identificación de los terceros intervinientes en conversaciones captadas a los investigados no entraña dificultad alguna", concluye el documento.

En el mismo sentido, al abogado de López Madrid, a quién la Reina Leticia le identificó con el apodo de Compiyogui, le "sorprende" que el juez reconozca "la falta de identificación de interlocutores de los investigados, pues se supone que todas las conversaciones captadas han sido sometidas a un exhaustivo análisis policial".

Cinco investigados

El defensor de López Madrid recuerda que el instructor acordó la intervención de las comunicaciones de cinco investigados, algunos de ellos imputados también en la nueva pieza separada sobre las supuestas mordidas de OHL en toda España.

En concreto fueron grabados, además del propio López Madrid y Villar Mir, siempre según la defensa del empresario, los directivos de OHL Felicísimo Damián Ramos Ramos, Rafael Martín de Nicolás Cañas y Tomás García Madrid.

"De esas cinco personas, sólo dos han reaccionado frente al palmario incumplimiento de los trámites previstos", indica el recurso, que destaca también que otras de las personas que aparecen en las grabaciones "tienen derecho a que se les suministre la información".

"Ignotas investigaciones"

Finalmente, el recurso dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el abogado de López Madrid especifica que suministrar a terceros la información "sobre un material objeto ya de trámite de expurgo no puede dañar jamás futuras e ignotas investigaciones".

Los abogados del dueño de OHL y López Madrid interpusieron en septiembre pasado una querella en el Tribunal Supremo contra el instructor. Le acusaban de un supuesto delito de prevaricación por haber autorizado pinchazos entre el empresario y los letrados. En febrero, el Alto Tribunal inadmitió la acción judicial al no apreciar ninguna infracción penal en las decisiones del juez.

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