Cataluña

Llarena deja en prisión a Sànchez y rechaza su investidura

El juez del Supremo sostiene que "existe riesgo de reiteración delictiva que no se conjura con ninguna de las medidas de libertad, conducción policial o intervención en la sesión de nombramiento mediante mecanismos telemáticos"

Jordi Sánchez
Jordi Sánchez EFE

El juez Pablo Llarena ha denegado este jueves el permiso solicitado por el expresidente de la ANC Jordi Sánchez para asistir al Pleno de investidura del Parlament de Cataluña previsto para mañana viernes. Asimismo, el magistrado ha rechazado también que lo haga por vía telemática.

Llarena sostiene que "existe riesgo de reiteración delictiva que no se conjura con ninguna de las medidas de libertad, conducción policial o intervención en la sesión de nombramiento mediante mecanismos telemáticos". 

En el auto, el magistrado indica que la candidatura de Sànchez presenta elementos que apuntan “marcada y racionalmente a que su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional por el que cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática, ya que la transgresión puede hacerse con profundo quebranto de las mismas normas prohibitivas penales que han justificado la incoación de la presente causa".

Es esta circunstancia, subraya el juez, refleja la "conveniencia de sobreponer la protección de unos derechos políticos colectivos, sobre un liderazgo que, por su ejercicio delictivo, suponga una restricción parcial del derecho reconocido al procesado en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

En el marco de la decisión, Llarena recuerda que el candidato de JxCat tiene una limitación del ejercicio en sus derechos políticos aunque sólo parcial, ya que no ha sido privado de su derecho a concurrir en un proceso electoral, ni de su derecho a ejercer el voto en su actuación parlamentaria. 

Sobre la solicitud de Sànchez de acudir al Pleno de investidura, las restricciones vigentes “resultan plenamente justificadas dadas las graves consecuencias que tendría su reincidencia respecto de los principios y derechos constitucionales y políticos de todos los ciudadanos españoles y de aquellos que constituyen el propio cuerpo electoral en Cataluña, así como la marcada probabilidad de que esta reiteración sobrevenga en la eventualidad de que se le llegaran a atribuir las funciones ejecutivas para las que se postula”.



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