Política

Quedan en libertad cinco empresarios del 'caso Villarejo' tras 14 horas de interrogatorio

El juez Manuel García-Castellón ha dictado la orden en contra de la petición de la Fiscalía, que había solicitado prisión para Adrián de la Joya y Ángel Pérez-Maura

Excomisario Villarejo
Excomisario Villarejo

Ninguno de los cinco empresarios detenidos por el pago de sobornos al comisario jubilado José Manuel Villarejo para evitar una extradición a Guatemala tendrá que pasar este fin de semana en prisión. El juez del caso Tándem ha acordado la libertad para todos ellos. Durante la madrugada de este sábado, tras más de 14 horas de declaraciones, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha firmado los autos en los que se imponen las medidas de libertad con fianza.

En concreto, se han librado de las peticiones de la Fiscalía Ángel Pérez-Maura, quien tendrá que abonar 750.000 euros; Álvaro Pérez-MauraAdrián de la Joya, a quienes se les ha fijado una fianza de medio millón de euros; y Francisco Javier Soucheiron y Enrique Maestre, con causiones de 200.000 euros. Los cinco han abandonado la sede de la Audiencia Nacional caminando por la salida de vehículos oficiales, donde esperaban sus abogados y varios taxis. 

La decisión del magistrado Manuel García-Castellón llega después que la Fiscalía anticorrupción ordenara la detención de estas cinco personas el pasado miércoles en el marco de la investigación de la pieza separada Pit, una de las diez que hasta ahora integra el caso Villarejo.

En esta pieza, el ministerio público y el juez de instrucción investigan el pago de una comisión de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

10 millones para Villarejo

Con esta mordida, la mercantil española Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L pretendía -a través de su filial en Guatemala- obtener adjudicaciones del Gobierno del país centroamericano; en concreto, estaban interesados en una obra de construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, según ha informado la Fiscalía a Efe. De ahí que las autoridades de ese país reclamen la entrega de uno de los españoles detenidos. 

En simultáneo, la Fiscalía y el juez instructor investigan el pago de 10 millones de euros a las empresas del comisario Villarejo por parte la mercantil A Pérez y Cia S.L. Esta firma se hizo con los servicios del polémico ex alto mando para impedir la detención y extradición de Ángel Pérez-Maura, ordenada por las autoridades de Guatemala en abril de 2016.

Mas de 14 horas de interrogatorio

Este viernes, los primeros en comparecer ante el magistrado han sido los hermanos navieros Álvaro y Ángel Pérez-Maura. Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que el ministerio público ha interrogado de forma pormenorizada a ambos empresarios durante más de seis horas, con recesos de por medio.

Le ha seguido la declaración de Adrián de la Joya, quien ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal durante más de dos horas y media. Y, finalmente, ha declarado el consejero delegado de la naviera catalana Group Maritim TCB, Francisco Soucheiron Marcet y el abogado Enrique Maestre. Todos los interrogatorios han sido igual de exhaustivos, llegando a acumular más de 14 horas de vista oral en la Audiencia Nacional. 

El juez desoye a la Fiscalía

Los fiscales del caso habían pedido para Ángel Pérez-Maura el ingreso en prisión por el mayor pelotazo del comisario jubilado José Manuel Villarejo; en concreto, por dos presuntos delitos de cohecho cometidos en España y en Guatemala.

El ministerio público también había requerido prisión eludible con fianza de tres millones de euros a depositar en un plazo de cinco días para el intermediario de la jet-set Adrián de la Joya. En su contra pesaba la acusación de un delito de cohecho y otro de organización criminal.

Asimismo, habían solicitado la libertad provisional para Álvaro Pérez-Maura, siempre que abone tres millones en un plazo de cinco días, así como la imposición de medidas cautelares para el empresario Francisco Javier Soucheiron y el abogado Enrique Maestre, quienes debían abonar una fianza de un millón de euros en un plazo de una semana. 

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