Ley Wert El varapalo del TC con la LOMCE: el Gobierno debía "cooperar" con la Generalitat en el cambio educativo

En pleno debate sobre la legalidad de la posible intervención del Estado en el modelo educativo de Cataluña vía artículo 155 el TC considera que no se proporciona a Cataluña cauce para manifestar su punto de vista

El ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo.
El ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo. Efe

La sentencia del Tribunal Constitucional por la que anula -y por unanimidad- el sistema previsto en la LOMCE para garantizar la enseñanza en castellano en las aulas catalanas a través de fondos públicos impulsado por el ex ministro de Educación José Ignacio Wertpilló al Gobierno totalmente desprevenido. En pleno debate sobre la legalidad de la posible intervención del Estado en el modelo educativo de Cataluña vía artículo 155 para asegurar el uso del castellano como lengua vehicular, el órgano jurisdiccional decide estimar parte del recurso presentado por la Generalitat de Cataluña al considerar que con esa regulación el Estado invadió competencias autonómicas en materia de Educación al fijar una dotación de 6.000 euros para las familias que pedían la escolarización en castellano.

Pero además de señalar que el procedimiento que diseña la LOMCE excede de los límites marcados por la doctrina en relación con la alta inspección estatal, pues esta constituye una competencia estatal de vigilancia, "pero no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las CCAA respecto a la Administración del Estado", el fallo del alto tribunal llama a la "cooperación" entre el Estado y Cataluña como vía para solucionar las diferencias.

No se proporciona a la CCAA (Cataluña) cauce alguno para manifestar su punto de vista como Administración responsable de la programación educativa"

Según los jueces, la norma no establece un mecanismo previo de intercambio de información tendente a la siempre deseable solución de diferencias por vía de cooperación. "Sin articular modalidad alguna de requerimiento previo a la CCAA, solo se otorga audiencia en el seno de un procedimiento ya iniciado", señalan. Y añaden que no se proporciona a Cataluña cauce alguno para manifestar su punto de vista como Administración responsable de la programación educativa. "En última instancia tampoco se le da ocasión para remediar 'el incumplimiento detectado mediante el ejercicio de atribuciones propias y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución y las Leyes'", destaca la sentencia.

Otro punto de controversia es que, a juicio del Tribunal, la LOMCE tampoco cumple el requisito de "predeterminación normativa" cuando utiliza criterios vagos como "razonable" o "adecuado" para fijar en qué momento puede el Estado escolarizar alumnos en centros privados, con la consiguiente retención económica a la CCAA, y cuándo puede declarar extinguida esa obligación. "No se puede construir una verificación administrativa de cumplimiento o incumplimiento de la CCAA, con los efectos previstos en la regulación impugnada, sobre la base de lo que la Alta Inspección de Educación considere el margen de 'razonabilidad' y 'adecuación'".

El Gobierno, desprevenido

El jarro de agua fría se hizo evidente a última hora de la tarde de ayer cuando el propio ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, reconocía desde el Senado que se trataba de "una novedad" de la que no esperaban tener noticias "hoy" (este martes). Ante las preguntas de los periodistas sobre si esta sentencia dificultaba la propuesta del Gobierno de implantar el uso del castellano como lengua vehicular en la escuela pública catalana vía 155, el titular de la cartera de Educación respondía que se trataba de un documento de unas 60 páginas y que aún no lo habían podido estudiar.

Tendremos que llevarlo (el fallo) a nuestros estudios y reflexiones", asegura el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo

"El Gobierno respeta y acata, como hace siempre, todas las decisiones judiciales, en este caso jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. Creo que la sentencia mantiene que muchos puntos básicos de la legislación de la LOMCE que modifica la LOE son constitucionales", aclaró Méndez de Vigo antes de reconocer la "inconstitucionalidad" que había supuesto para el TC parte de la norma impulsada por Wert por "intervenir en las competencias" de Cataluña. "Tendremos que llevarlo (el fallo) a nuestros estudios y reflexiones", agregaba.

Por su parte, el catalán García Albiol Elemento novedoso calificaba la sentencia de "elemento novedoso" y aseguraba que la propuesta del PP sobre el castellano buscaba el consenso entre las distintas formaciones políticas con miras a solucionar los problemas existentes en el sistema educativo de Cataluña en materia lingüística. "Nos gustaríaa que no solo fuese una propuesta del PP. No vamos a hacer experimentos ni ocurrencias, han de ser medidas efectivas, serias y posibilistas", defendía. 

Pacto Educativo

Sin embargo, el resto de partidos entendían el fallo del Constitucional como una suerte de castigo al Ejecutivo. Desde Ciudadanos, que defienden que el Pacto Educativo garantice el uso del castellano en las aulas catalanas como lengua vehicular -pues si no, aseguran que no se sumarán al acuerdo-, califican los denominados 'cheques Wert' como "una ley de perdedores". "No queremos políticas de perdedores en ningún territorio y por ninguna cuestión lingüística”, ha señalado la portavoz de Educación de la formación naranja en el Congreso, Marta Martín.

El fallo llega seis años después de que el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, manifestase en el Congreso el interés del Gobierno en "españolizar a los alumnos catalanes"

Cs aboga por una política que garantice el trilingüismo sin excluir a los niños de una escolarización regular y sin tener que sacarlos de su centro educativo porque no pueda estudiar el 25% de su educación en castellano, una política a la que Martín ha identificado con el Apartheid. Mientras tanto, el PDeCat ha señalado que la sentencia del TC es "de sentido común" y da una menor "legitimidad" para implementar medidas vía 155. "Al Gobierno le crecen los enanos", considera ERC.

Pese a que el fallo llega seis años después de que el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, manifestase en el Congreso que el interés del Gobierno en defender el castellano en las aulas pasaba por "españolizar a los alumnos catalanes", poco o nada ha cambiado y el debate está más vigente que nunca dada la escalada de tensión entre el Estado y el nacionalismo.



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