Tribunales

La Justicia niega que el impuesto de grandes superficies expulse a empresas de Cataluña

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ catalán da la razón al Ejecutivo de Quim Torra y obliga a Alcampo a pagar 316.000 euros por la tasa de 2015

Quim Torra, president del Govern
Quim Torra, president del Govern EFE

La Justicia no cree que el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC) de la Generalitat de Cataluña esté vaciando esta Comunidad de estas empresas. Así lo consideran los jueces que componen la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ catalán que en una sentencia de 24 de enero confirmaron que Alcampo tiene que pagar 316.000 por este impuesto, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Los magistrados Jordi Palomer Bou, Javier Bonet Frigola y Virginia de Francisco Ramos rechazan, de esta forma, el recurso que interpuso la empresa de origen francés en el que aseguraba que el impuesto de grandes superficies catalán "opera como una barrera que frena la implantación de grandes establecimientos comerciales en Cataluña".

Alcampo asegura, además, que este impuesto ha provocado que los "operadores comerciales proyecten sus planes de implantación y expansión fuera de Cataluña", según se indica en el fallo.

Asturias, Navarra y Aragón

Pero lo magistrados no están de acuerdo, y sostienen que estas empresas no se van de Cataluña por el impuest, ya que otras Comunidades Autónomas han aprobado les leyes idénticas: "No solo Cataluña, sino también Asturias, Navarra o Aragón han establecido un impuesto sobre las grandes superficies equiparable al catalán".

Javier Fernández.
Javier Fernández. EFE

De esta forma, la sentencia confirma la decisión de la Generalitat de Cataluña de incluir a Alcampo en el padrón de contribuyentes del impuesto de grandes superficies, con una liquidación de 316.000 euros en el ejercicio de 2015 por el centro comercial de Sant Adriá del Besós (Barcelona).

Alcampo considera que este impuesto vulnera la libertad de empresa "pues supone una limitación desproporcionada e inadecuada" de un derecho constitucional. Al mismo tiempo, considera que este impuesto es una ayuda estatal incompatible con el derecho de la Unión Europea.

Pequeño comercio

"La Comunidad Autónoma de Cataluña busca gravar la actividad y la superior capacidad económica de los grandes establecimientos comerciales e incluso dedicar parte de los fondos recaudados a ayudar al pequeño comercio urbano, lo que suscita dudas de la compatibilidad de estas ayudas", completa la multinacional de origen francés.

Sin embargo, en abril del año pasado, el Tribunal de Justicia de la UE ya consideró legal el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales aplicado en Cataluña, que tiene como finalidad compensar el impacto de las actividades que desarrollan estos centros sobre el territorio y el medio ambiente.

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