Cataluña

La Justicia catalana no ve desobediencia en la rama municipal del 'procés'

Ha archivado la causa contra la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia y el presidente de la Asociación Catalana de Municipio

El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch
El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido este lunes archivar la causa contra el conseller de Interior y ex presidente de la Asociación Catalana de Municipio (ACM), Miquel Buch, y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y alcaldesa del Ayuntamiento de Vilanova i La Geltrú, Neus Lloveras, por supuesto delito desobediencia grave en relación con el 1-O.

A ambos se les acusaba de haber promovido el referéndum entre los alcaldes cuando lideraban la ACM y la AMI. Pero, finalmente, la Justicia catalana ha considerado que tanto Buch como Lloveras hacían promoción del 1-O como parte de sus "funciones no institucionales y eminentemente políticas"; es decir, que no operaban en calidad de ediles, sino como líderes de "agrupaciones voluntarias".

Además, el magistrado Jordi Seguí explica en el auto que "es lógico presumir que la elaboración de los carteles fuese encargada por la AMI y la ACM con anterioridad a la notificación personal a los referidos alcaldes de la providencia del Tribunal Constitucional". 

La acusación

La Fiscalía de Cataluña presentó una querella el pasado 14 de septiembre de 2017 a ambos líderes por realizar "actos inequivocos de organización del referéndum del 1-O, pese a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional".

Los fiscales acusaron a Buch y a Lloveras por enviar a alcaldes que formaban parte de la ACM y la AMI varios correos electrónicos en los que se convocaba a facilitar espacios para celebrar la votación del 1-O. En ellos, además, se adjuntaba un informe jurídico que descartaba que pudieran incurrir en responsabilidades penales por apoyar el referéndum previamente suspendido por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, el ministerio público les acusó de desobediencia grave, prevaricación y malversación, aunque finalmente fue aceptado solo uno de ellos. El juez, sin embargo, ha considerado que "ninguno de los actos objeto del presente procedimiento presenta laso notas características del delito de desobediencia grave imputado a los investigados".



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