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Política

El reto de Interior: ¿cómo preparar la salida de la cárcel de presos yihadistas?

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La radicalización yihadista en las cárceles es uno de las principales preocupaciones para el Ministerio del Interior. Y la preparación de la puesta en libertad de condenados por delitos relacionados con el terrorismo uno de los principales retos que afronta no sólo el sistema penitenciario español, sino el del resto de países europeos. 

"En los próximos años, un elevado número de yihadistas detenidos en Europa occidental tras el estallido del conflicto en Siria será excarcelado", alerta en un reciente artículo el ayudante de investigación del Real Instituto Elcano Álvaro Vicente. En Reino Unido son ochenta los encarcelados que serán puestos en libertad antes de acabar el año, mientras que en Francia la cifra se reduce a unos cuarenta. En España, "25 de los 107 yihadistas condenados desde 2015 han recibido penas de prisión inferiores a los tres años y medio", recuerda.

Asimismo, pone de manifiesto que una vez que salen de prisión no pueden ser expulsados del territorio nacional como ocurría antes, ya que "un tercio de los condenados tienen nacionalidad española". De esta forma, recalca la importancia de trabajar su reintegración. La administración penitenciaria comenzó en 2014 a poner en marcha programas orientados a la prevención de la radicalización en las cárceles con el objetivo de evitar que las prisiones no sean puntos de captación de nuevos terroristas.

Además de una política de reparto entre los distintos centros penitenciarios, existen planes específicos para los reclusos cuya radicalización ya es patente. En 2016, además, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, impulsó un programa de intervención y tratamiento para la desradicalización. Un proyecto similar al de otros países de nuestro entorno al que muy pocos reclusos deciden acogerse. "En España, por ejemplo, solo 21 internos de 8 centros penitenciarios han aceptado incorporarse al programa, pese a que existen incentivos para fomentar la participación", apunta.

Interior se vio obligado a implementar un "instrumento de evaluación del riesgo de radicalismo violento" en las prisiones

Y llama la atención sobre la falta de contraste de su efectividad: "Su reciente implantación, su confección a partir de programas orientados a otros tipos de delitos o la falta de una metodología de evaluación que de respuesta a interrogantes complejos (entre otros, cómo es posible probar la desradicalización de un individuo o cuánto tiempo ha de transcurrir hasta confirmar el desistimiento) han hecho difícil medir su eficacia por el momento". 

Es más, Interior se vio obligado el pasado mes de febrero a poner en marcha un nuevo "instrumento de evaluación del riesgo de radicalismo violento" en las prisiones al constatar que cerca de ochenta presos musulmanes que fueron internados por delitos comunes mostraban signos de apoyar la causa yihadista.

Se multiplica por tres

Las estadísticas del Ministerio muestran que el número de internos por delitos relacionados con el yihadismo casi se ha triplicado desde 2012. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno el pasado mes de diciembre al diputado socialista Antonio Hurtado, se pasó de 41 reclusos en 2012 a 150 en septiembre de 2017. El mayor incremento se produjo después de la modificación del Código Penal en 2015, que incorporó penas para los adoctrinadores -sin necesidad de pertenecer a una organización-. 

Con motivo del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, los también investigadores de Elcano Fernando Reinares y Carola García-Calvo añaden que los atentados de Cataluña ponen de manifiesto que para perpetrar atentados en Europa no es imprescindible la participación de algún retornado de Siria o Irak, sino que yihadistas radicalizados y reclutados en Europa Occidental pueden planificar y ejecutar ataques "tan complejos y violentos" como ellos.

Y alertan de las segundas generaciones "han resultado más vulnerables a la propaganda emitida por Estado islámico". Por ello, reclaman que las entidades públicas y la sociedad civil aborden las circunstancias que propiciaron su "desarraigo y los factores que explican su adhesión al salafismo yihadista".

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