Cataluña

¿"Insurrección" o "altercados"?: la diferente vara de medir la violencia del procés

La Fiscalía no duda de que los investigados se valieron de la violencia y por ello incurrieron en rebelión mientras que la Abogacía del Estado habla de "tumultos" propios de la sedición

Agentes de los Mossos d'Esquadra custodian las puertas de la sede de la consellería de Economía de la Generalitat en cuyo interior se encontraba un grupo de agentes de la Guardia Civil.
Agentes de los Mossos d'Esquadra custodian las puertas de la sede de la consellería de Economía de la Generalitat en cuyo interior se encontraba un grupo de agentes de la Guardia Civil. EFE

Mismos hechos, un relato similar, pero una calificación distinta que tiene como consecuencia unas peticiones de condena muy diferentes para los líderes independentistas del procés. Atendiendo al escrito de Fiscalía, lo que sucedió en Cataluña el año pasado fue una “insurrección" con violencia, consecuencia de años de estrategia rupturista. Pero la Abogacía del Estado lo rebaja a una cuestión de desórdenes públicos en el marco de un "ambiente hostil".

Esa es la razón por la que la Fiscalía acusa a los autores de estos hechos -los que no se han fugado- de un delito de rebelión que alcanza hasta 25 años de petición de pena en el caso del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras. La Abogacía en cambio apuesta por la sedición y por tanto penas menores. Usando de nuevo al líder de ERC como referencia, el organismo que depende directamente del Gobierno solicita para él una condena de hasta 12 años de prisión, menos de la mitad.

Según el Código Penal, son culpables de rebelión aquellos que “se alzaren violenta y públicamente” para distintos objetivos como derogar la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio. La pena puede ser de entre 15 y 25 años para los jefes y de 10 a 15 para los subalternos. En el caso de los principales investigados, las penas se explican porque la acusación de rebelión va acompañada del delito de malversación de dinero público (la logística del referéndum) como agravante.  

¿Qué es la sedición?

La sedición en cambio se aplica sobre quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza la aplicación de las leyes”. Se castiga con penas de diez a quince años cuando quienes lo hacen ejercen de autoridad pública como es el caso de los políticos encausados (excepto 'los Jordis'). Esta interpretación fue defendida, por ejemplo, por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que investigó a la cúpula de los Mossos d’Esquadra. Por su parte, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, siempre apostó por la rebelión, en contra de lo que dictaminó la Justicia alemana, por citar otro ejemplo.

Ahora este debate vuelve a evidenciarse atendiendo a las diferencias entre los escritos de Fiscalía y la Abogacía. El organismo que dirige la fiscal general del Estado, María José Segarra, explica así el 'procés': “Contemplaban la utilización de todos los medios precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido". A lo largo de los 127 folios de escrito presentado este lunes, la palabra “violencia” aparece en 14 ocasiones.

"Altercados", según la Abogacía

En cambio, en el escrito de la Abogacía -más corto, de 58 folios- no figura esa palabra ni una sola vez a pesar de hablar de los mismos hechos. Describe los hechos con términos como “tumultos, altercados, disturbios” todo ello en un ambiente “crispado y hostil”.   

Dos son los acontecimientos principales en torno a los que gira la cuestión del uso o no de la violencia. Uno de ellos es el asedio a la sede de la Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat, que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2017. Cerca de 60.000 personas convocadas por dirigentes y referentes del independentismo trataron de impedir la actuación de la Guardia Civil, que había trasladado hasta ese lugar a varios detenidos para realizar un registro. El segundo hecho fue la celebración del referéndum del 1-O.

Así han dejado los coches de la Guardia Civil los manifestantes de Barcelona
Así han dejado los coches de la Guardia Civil los manifestantes de Barcelona Vozpópuli

Sobre el 20 de septiembre, la Fiscalía entiende que “en el entorno independentista se percibió como un ataque al ‘procés’ y contra su plan secesionista, por lo que para proteger la celebración del referéndum los promotores e impulsores del proceso decidieron acudir a la movilización ciudadana como elemento de presión, así como a la ejecución de actos de fuerza, de intimidación y de violencia, entorpeciendo gravemente el ejercicio de la función jurisdiccional”.

"'¡No pasarán!', como en la Guerra Civil"

Respecto a esos mismos hechos, la Abogacía del Estado considera que "los acontecimientos se desarrollaron con la presencia de hasta 60.000 manifestantes en algunos momentos, que se agolpaban hasta empujar, y casi derribar, la propia puerta de entrada del edificio en un ambiente crispado y hostil". Recuerda además que los vehículos de la Guardia Civil terminaron con “importantes destrozos, interior y exteriormente". Sobre este episodio concreto, la Fiscalía añade que en el interior de los coches había armas que “quedaron al albur del vandalismo desplegado”.

A juicio de la Abogacía "estos actos fueron conocidos, consentidos y queridos por los acusados, algunos de los cuales a lo largo del día se personaron en el lugar, tales como Oriol Junqueras o Carme Forcadell --entonces presidenta del Parlament--, que en ningún momento instaron su desconvocatoria ni llamaron a la restauración del orden público". La Fiscalía va más allá y dice que el líder independentista Jordi Cuixart se dirigió a la multitud y  “apeló a la determinación mostrada en la Guerra Civil (empleando la expresión ‘No pasarán!’)” retando al Estado a incautar el material que habían preparado para el 1-O.

De cara al referéndum, la Fiscalía defiende que los investigados “propiciaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad, con lo que no sólo secundaban la actuación de acoso intimidación y violencia sino que, desde el poder constituido daban apoyo explícito y expreso a la estrategia de impedir la acción del Estado siendo conscientes de que ello comportaba en un alto grado de probabilidad el empleo de actitudes de violencia”.

Actos de resistencia y desobediencia

Insiste en otra parte de su escrito en que “bajo el manto de términos aparentemente menos conflictivos en el lenguaje político como ‘unilateralidad’ y ‘desconexión’, en realidad se estaba cristalizando de forma abierta y ostensible una insurrección patente, manifiesta y exteriorizada contra el orden jurídico establecido, perfectamente organizada al margen de las vías legales”.

La Abogacía, por su parte, se detiene en analizar todos los llamamientos que realizaron los líderes independentistas para que la gente acudiese a votar en el referéndum. "Con toda lógica se realizó con la plena conciencia de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir altercados, tumultos y disturbios". "Como era previsible, en efecto, a lo largo de la jornada se produjeron actos de resistencia y desobediencia a los mandatos legítimos de la Fuerza Pública, y numerosas situaciones de tensión, disturbios y enfrentamientos", sentencia el organismo dependiente del Gobierno.

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad frente al colegio Ramón Llull de Barcelona. Policía Nacional y Guardia Civil han desplegado a sus agentes en varios colegios electorales de Barcelona para impedir el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), lo que ha originado momentos de tensión y algún forcejeo con las personas concentradas ante los locales. EFE/Alberto Estévez
Agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad frente al colegio Ramón Llull de Barcelona. Policía Nacional y Guardia Civil han desplegado a sus agentes en varios colegios electorales de Barcelona para impedir el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), lo que ha originado momentos de tensión y algún forcejeo con las personas concentradas ante los locales. EFE/Alberto Estévez EFE

17.000 agentes armados

El Ministerio Público dice que se valieron para ello “de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria  desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d'Esquadra como un Cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional".

Las peticiones de pena es algo así como la calificación de los hechos con las que las acusaciones se presentan a un juicio. Pero estas consideraciones no son definitivas hasta que termina todo el proceso, se escucha a los acusados, a los testigos a los peritos... Hasta el último día, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado podrían endurecer o rebajar sus peticiones de pena.

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