Publicado: 27/09/2018 05:15
El acuerdo por el que el Gobierno se compromete a saldar 1.459 millones de deuda con Cataluña en los próximos cuatro años ha generado inquietud en los barones del PSOE y en el resto de comunidades. Tanto la Generalitat como el Ministerio de Hacienda han desligado este compromiso, adquirido en una de las comisiones mixtas Estado-Generalitat, de la negociación presupuestaria. Pero sin reforma de la financiación autonómica a la vista, la distensión de Pedro Sánchez con Cataluña, acompañada en este caso de un generoso cheque económico, amenaza con despertar el fantasma de los agravios y perjudicar los intereses socialistas en otras autonomías.
El Ministerio de Hacienda y la Generalitat de Cataluña anunciaron a última hora del martes un principio de acuerdo por el que el Ejecutivo central se compromete a saldar 1.459 millones de los 7.600 millones pendientes con Cataluña en cuatro años.
El vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonès, explicó que de la deuda que se ha acordado saldar unos 700 millones corresponden al acumulado con los Mossos d'Esquadra y se transferirán en el ejercicio 2019-2022 (de ellos 150 se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado de 2019) y otros 750 millones de la disposición adicional del Estatut, pendiente desde 2008.
Más pagos en infraestructuras
No es la única factura que tiene previsto cobrar el Ejecutivo separatista. Gobierno y Generalitat abordarán el 15 de octubre el déficit en infraestructuras que dice tener Cataluña. Las dos partes estudiarán las medidas para hacer frente al pago de 759 millones en esta materia. Sánchez y su equipo han vendido estos acuerdos como un ejemplo de que el diálogo produce frutos.
Sin embargo, la política de cesiones económicas a Cataluña ya dio muchos problemas al anterior Ejecutivo del PP. Los barones socialistas, según ha sabido Vozpópuli, ven con preocupación que Sánchez repita los mismos errores de su predecesor. El PSOE gobierna Aragón, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha. Sus presidentes han hecho de la reforma de la financiación y de las supuestas deudas y déficit contraídos una de sus línea de acción política cuando Mariano Rajoy estaba en la Moncloa.
Al llegar Sánchez, los barones se han visto acorralados por sus respectivas oposiciones, que les exigen resultados ahora que el PSOE está en el poder. En Andalucía, Susana Díaz está más preocupada por concretar la fecha del adelanto electoral que de cualquier otro tema. Pero Javier Lambán, en Aragón, o Ximo Puig, en Valencia, se han visto obligados a responder a preguntas sobre la financiación o el cheque catalán. La financiación es una materia especialmente sensible para Guillermo Fernández Vara en Extremadura y Emiliano García Page en La Mancha.
La letra pequeña
"Todavía tenemos que analizar la letra pequeña del acuerdo", admiten desde el entorno de uno de los barones. Puig, por ejemplo, ha dicho que exigirá a Sánchez lo mismo que pedía a Rajoy cuando se reúnan la próxima semana. Mientras el Gobierno vende como un éxito de la distensión con Cataluña el acuerdo de la deuda, Sánchez se enfrenta al malestar de otras comunidades. Incluidas las suyas.
Los barones no han querido de momento elevar el tono más de la cuenta. Coalición Canaria, por ejemplo, lamentó que el PSOE "premie con un cheque de 1.459 millones de euros a sus socios independentistas catalanes" mientras mantiene "congelado" el diálogo con el resto de las comunidades autónomas.
El presidente descartó una reforma integral del sistema de financiación a las pocas semanas de ganar la moción de censura. El anterior Ejecutivo dejó la propuesta de un grupo de expertos en los cajones de la Consejo de Ministros.
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