Política

La juez considera que Granados no humilló a Cifuentes al airear una relación con González

La magistrada María Isabel Durántez Gil considera que la conducta del exconsejero madrileño "no es encuadrable en los delitos que se le atribuyen"

Imagen de archivo de Cristina Cifuentes.
Imagen de archivo de Cristina Cifuentes. EFE

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez Gil, ha acordado la inadmisión y el archivo de la querella de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes contra el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, "al estimarse que la conducta del querellado no es encuadrable en los delitos que se le atribuyen", según especifica el auto de 3 de mayo al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La juez ha considerado que Granados no tuvo intención de humillar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid cuando aludió a una supuesta relación sentimental de Cifuentes con el expresidente madrileño Ignacio González, y que solo trasladó una información relevante para el desarrollo del 'caso Púnica'.

En concreto, Granados aseguró en su declaración ante el magistrado Manuel García-Castellón que Cristina Cifuentes, que entonces era la responsable del PP en los ayuntamientos madrileños, gozaba de especial predilección en el partido por su relación sentimental con González, entonces número dos de Esperanza Aguirre en el partido y en la Comunidad de Madrid. De esta forma, Granados trataba de implicar a Cifuentes en la financiación ilegal del PP madrileño.

Relación sentimental

Sin embargo, la querella que interpuso Cifuentes no aludía a las declaraciones de Granados en sede judicial, sino que se refería a la información publicada por diferentes periódicos, en la que anunciaba la intención del presunto cabecilla de la 'Púnica' de hablar de la supuesta relación sentimental.

"Es importante significar", indica la magistrada, "cómo Granados, ante los diversos medios de comunicación, se limitó a relatar y repetir" lo que había declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

En concreto, la magistrada destaca que la querella se refiere a dos manifestaciones que Granados efectuó al periódico digital OK Diario, pero que "ni siquiera se tiene la certeza de que el contenido de dichas declaraciones coincida total o parcialmente" con el testimonio del exconsejero en sede judicial, dado que no se dispone de la declaración.

"No hay humillación"

"Ciertamente", prosigue la juez en el auto, "se estima que dichos comentarios no pueden valorarse como una acción de descalificación, humillación, envilecimiento de la entidad o gravedad exigida" por la ley, al tiempo que la magistrada recuerda que la injuria es un delito contra el honor que consiste en humillar, deshonrar, despreciar, envilecer, etc, "y que en absoluto puede apreciarse en las palabras del querellado una humillación sobreañadida".

En la resolución, la magistrada también recuerda que cuando se trata de personas públicas, como es el caso de Cifuentes y Granados, "ha de estimarse que priman las libertades de expresión e información, pues así lo requiere el pluralismo político".

En este sentido, María Isabel Durántez Gil destaca que la querella de Cifuentes tampoco debe ser admitida teniendo en cuenta que la prioridad del derecho a la libertad de expresión. "Que no sólo comprende las informaciones o ideas acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, ofenden o inquietan; así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática".

Pluralismo político

"Y es que no puede olvidarse que las libertades del artículo 20 de la Constitución", concluye la magistrada, "no solo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático, que por lo mismo trascienden el significado común y propio de los demás derechos fundamentales".

El pasado febrero, la expresidenta de la Comunidad de Madrid presentó la querella criminal contra Granados por las declaraciones de éste ante el juez instructor del caso PúnicaManuel García Castellón, en las que aseguró que la presidenta madrileña conocía una "caja b" con la que se pagaron gastos de "refuerzo" de la campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011.



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