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Política

Los 'hombres de negro del 155' controlan 200.000 facturas catalanas al mes

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Barcelona con una estelada.

Cuatro meses después de la aplicación del 155, los 'hombres de negro' de la Moncloa no han puesto un pie en el Palacio de la Generalitat. Bermúdez de Castro, designado por Soraya Sáenz de Santamaría para coordinar la intervención, tampoco lo ha hecho. Una vez entró por el garaje a una dependencia autonómica. Nadie se enteró. Viaja en ocasiones a Barcelona, pocas. Despacha en la delegación de Gobierno. No se le ha visto pisar la sede de alguna consejería. La vicepresidenta, que ejerce de presidenta de la Generalitat, tampoco lo ha hecho. "Una intervención inodora, incolora e insípida", comentan en fuentes del gobierno regional. "De todo menos indolora".

El anuncio de que el Gobierno estudia incluir el castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas ha situado al 155 de nuevo en primera línea. Hasta ahora, pasaba inadvertido. Discreción y cortesía son las instrucciones dictadas por Bermúdez de Castro cuando entró en vigor el famoso artículo de la Constitución. Tan sólo hubo algunos rifirrafes políticos, como el caso de TV3, que sigue a su aire. "Es un debate que no nos afecta", señalan en el equipo de intervención. 

Lista de quejas y agravios

La administración catalana funciona al tran tran. Se sacan adelante las cuestiones pendientes y se cumple con el día a día. La comunicación entre los funcionarios y altos cargos de Barcelona y Madrid se gestiona vía telefónica,  mail, mensajería o correo ordinario. No hay conflictos, no se da pie a las disputas. Colaboración 'para no provocar incidentes', señalan fuentes de la administración. "Hasta los administrativos de la consejería de Trabajo redactan sus documentos en castellano, para agilizar los trámites". 

Los funcionarios catalanes, agrupados en la plataforma "Servidors.cat", se reunieron este jueves con el presidente del Parlament, Roger Torrent, la única institución al margen del 155, para exponer sus quejas. "Nadie toma decisiones, todo va muy lento, nadie nos explica nada", comentaba la portavoz de esta asociación, Yolanda Hernández. Entregaron un grueso 'dossier' de quejas. Asuntos pendientes y cuestiones atrasadas. Una radiografía del 155. 

El grueso del informe se centra en el área de Economía. La fiscalización que lleva a cabo el departamento de Cristóbal Montoro es de rigurosidad extrema. "Casi un trabajo de entomólogo", apuntan estas fuentes. Muestran ejemplos. El número de facturas que se han de enviar al departamento de Hacienda se ha multiplicado por 250. Ahora suman las 200.000 al mes. No se mueve un euro sin autorización de Madrid.

La Generalitat ya no recibe el dinero que le corresponde de acuerdo con el modelo de financiación autonómica. Ahora se ha de comunicar a Hacienda para qué necesita los fondos, el ministerio lo estudia y envía el montante demandado. O no. A veces pasa. Hay peticiones pendientes. "La burocratización se ha despendolado, ahora hay que enviar miles de documentos, papeles, informes, facturas, para casi todo", se quejan.

En el citado documento se mencionan, por ejemplo, algunas cuestiones a las que Montoro no ha dado aún el visto bueno. Señalan, especialmente a la consejería de Interior, muy comprometida en los episodios del 1-O. No se ha comprado la munición para los Mossos, con lo que no pueden hacer práctica de tiro. Está pendiente el renting de 80 vehículos de Bomberos, y se acerca la temporada estival. 

Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del ministerio de Zoido, es posiblemente el hombre de Madrid que más tiempo pasa en Cataluña. Fue el encargado de supervisar las elecciones del 21D. Comentan en su departamento que hay reclamaciones que no se ajustan a la realidad. "Son cuestiones que la Generalitat no tenía presupuestadas ni previstas antes de la proclamación de la independencia. Ahora vienen con las prisas". 

Elsa Artadi, gran ayuda

La puesta en marcha de catorce juzgados, la mayoría en Barcelona, está pendiente de recibir la luz verde. Dependen de un acuerdo bilateral entre el Gobierno central y el de Cataluña, que no se ha puesto en práctica. Hay quejas en Cultura por el bloqueo de ayudas y subvenciones a festivales, jornadas, exposiciones y otras iniciativas de este sector. 

El resumen del 155 presentado por estos funcionarios se resume en estas cifras: Cargos cesados, 252; Organismos suprimidos, 24; líneas de subvenciones frenadas, 21. El departamento más afectado fue el de Diplocat, el aparato de propaganda internacional del independentismo que ha sido disuelto. "Una excepción, dicen fuentes de la administración central. Hasta Elsa Artadi, la que dicen futura presidenta, sigue en su cargo en la Generalitat. Y ha sido de mucha ayuda".

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