Política

La Guardia Civil registra el Diplocat por los presuntos pagos a observadores del 1-O

Agentes del instituto armado se han personado a primera hora de esta mañana en la sede del Diplocat, situada en la avenida Diagonal de Barcelona

Un Mosso d'Esquadra precinta las inmediaciones del Diplocat
Un Mosso d'Esquadra precinta las inmediaciones del Diplocat EFE

La Guardia Civil está registrando la sede del Consejo de la Diplomacía Pública de Cataluña (Diplocat) por orden del juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum, en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales del 1-O.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, agentes del instituto armado se han personado a primera hora de esta mañana en la sede del Diplocat, situada en la avenida Diagonal de Barcelona, en busca de documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima costó 119.700 euros.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, había ordenado en febrero que se 'abrieran' las cuentas de Diplocat con el fin de averiguar si figuraban los pagos a los observadores internacionales. 

Mientras tanto, en Alemania, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reúne información para alegar que el 1-O se pagó con medios privados a fin de evitar su entrega a España por el delito de malversación. 

El organismo de Romeva

El Diplocat, organismo encargado de proyectar la imagen internacional de Cataluña, depende del Departamento de Asuntos y Relaciones Internacionales, Exteriores y Transparencia, que dirigía el exconseller Raül Romeva, quien se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de rebelión y malversación por el Tribunal Supremo.

Un informe de la Guardia Civil cifra en 1,6 millones de euros el gasto público que el Govern destinó a organizar el referéndum, de los que un total de 119.700 se destinaron a la contratación de los observadores que debían supervisar la celebración del 1-O y que concluyeron que la consulta no cumplía los "estándares internacionales".

Concretamente, el informe del instituto armado señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.

"Contrato de servicios"

Los investigadores constataron que el Diplocat realizó dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de "contrato de servicios".

En un auto del pasado 3 de noviembre, el juez del 1-O requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referéndum, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo.

En la campaña electoral del pasado 21 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se congratuló de haber cerrado las embajadas en el extranjero del Govern y apuntó que el organismo del que éstas dependían se llamaba ahora "Diplocat en liquidación".

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió su investigación sobre los preparativos del 1-O a raíz de una denuncia por las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern contaba con una partida económica "camuflada" en los presupuestos de la Generalitat para organizar el referéndum y las estructuras de Estado



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