Publicado: 26/02/2019 08:03
El Gobierno por medio del Ministerio del Interior ha renovado la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, pendiente desde 2017, con un plan en el que destaca la especial atención sobre el radicalismo en las prisiones. El Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska admite que “el medio penitenciario constituye un entorno propicio para procesos de captación”.
Las fuerzas de seguridad han practicado en los últimos meses varias operaciones en el interior de las prisiones contra elementos radicales. No obvian que en España “en los últimos años la población reclusa vinculada al terrorismo yihadista ha experimentado un crecimiento exponencial”. Las personas condenadas o en prisión preventiva por delitos relacionados con el terrorismo yihadista superan las 130 y se hallan distribuidos en unos 30 centros penitenciarios.
Por ello, en las líneas estratégicas recogidas en este plan se hace especial hincapié en la necesidad de “prevenir, detectar y neutralizar procesos de radicalización en los centros penitenciarios, a través de la identificación y el control de individuos que promuevan o asuman ideologías extremistas”. Para ello apuestan por fomentar su participación “en los Programas de Tratamiento desarrollados por la Administración Penitenciaria”.
Lo cierto es que estos planes ya existen desde hace años, pero la realidad indica que no están dando resultados. Este periódico ha publicado ejemplos de radicalismo en los centros penitenciarios que incluyen pintadas de corte yihadista en los muros de las cárceles. Por ello desde Interior apuestan por “impulsar y actualizar las herramientas detección y evaluación del riesgo de radicalización violenta, especialmente en el ámbito penitenciario”.
Yihadistas excarcelados
Esta estrategia pasa, según el mismo plan que se publica este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por “potenciar la coordinación y cooperación entre las administraciones penitenciarias y los organismos de seguridad de inteligencia del Estado”. También se estudiarán las medidas para “desarrollar programas y actuaciones que aseguren una aplicación efectiva de las penas de libertad vigilada para penados por terrorismo que sean excarcelados”.
Otros de los factores que más preocupan a las fuerzas de seguridad son los retornados de zonas de conflicto tras haberse enrolado en grupos terroristas. Pensando en ellos, el plan contempla “desarrollar programas integrales específicos de tratamiento y seguimiento, con especial atención a las perspectivas de género y edad”.
Según los datos en poder del Ministerio del Interior, más de 230 personas de nacionalidad española o residentes en España se han desplazado a zonas en conflicto, especialmente a Siria e Irak, para unirse a las organizaciones terroristas que allí operan. Aproximadamente un 25 por ciento de ellos habrían fallecido y casi un 20 por ciento habría retornado.
Desde 2012 se realizaron más de 400 detenciones relacionadas con actividades de terrorismo. De estas detenciones, un 70 por ciento están relacionadas con el terrorismo yihadista, un 20 por ciento con el terrorismo de ETA y algo menos de un 10 por ciento con otras organizaciones terroristas.
En el ámbito concreto de la lucha contra el terrorismo yihadista, desde los atentados del 11 de marzo de 2004, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a más de 770 personas en España por su relación con este tipo de terrorismo. La Estrategia Nacional Contra el Terrorismo se encuentra incardinada en el Sistema de Seguridad Nacional y tiene una vigencia de cuatro años
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