Publicado: 04/07/2018 18:28
El Gobierno tiene ante sí una patata caliente: abrir, o no, un contencioso legal para revocar la concesión del Ducado de Franco a la nieta de Francisco Franco Carmen Martínez-Bordíu, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este miércoles la orden ministerial del anterior titular de Justicia Rafael Catalá con fecha 31 de mayo.
Esa orden, como todo lo que publica el BOE, lleva la firma de Felipe VI y no son pocos los que en el PSOE y en Podemos afean al monarca que no haya tenido "valor" para suprimir un título que en 1975 concedió su padre, Juan Carlos I, a la viuda, Carmen Polo, tras la muerte del dictador. Ella muere en 1988 y lo heredó la única hija del matrimonio, Carmen Franco, fallecida en diciembre de 2017.
Las fuentes socialistas consultadas recuerdan que el actual monarca retiró a su hermana y a su cuñado, Iñaki Urdangarín, el Ducado de Palma el 11 de junio de 2015, tras el estallido del caso Noos que ha llevado a éste último a la cárcel. "Lo mismo podría haber hecho ahora. Nadie hubiera dicho nada si no firma el decreto que dejó Catalá", añade una de las fuentes socialistas consultadas por Vozpópuli.
La norma que promulgó Alfonso XIII hace más de un siglo no prevé la supresión de un título, solo su retirada si el noble que los ostenta se comporta de forma indigna
La norma que regula la nobleza en España es el Real Decreto sobre concesión y rehabilitación de Títulos y Grandezas de España de 27 de mayo de 1912, promulgado en tiempos del Rey Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI. No prevé ningún mecanismo legal para suprimir un título, aunque sí para retirárselo a quien lo ostente si acredita una conducta "indigna", como ocurrió con la Infanta Cristina.
Ahora, si se quiere suprimir el Ducado de Franco, o los que previamente el dictador había otorgado a los vencedores de la Guerra Civil, tales que el Ducado de Primo de Rivera y otros, el Consejo de Ministros deberá aprobar otro Real Decreto, o una ley, que actualice la regulación nobiliaria de hace más de un siglo.
Esa nueva legislación argumentará que todos esos títulos nobiliarios otorgados en plena dictadura franquista vulneran el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica.
El Gobierno de Pedro Sánchez argumentará que la continuidad de los titulos del franquismo supone una exaltación "personal" de los vendedores de la Guerra Civil
Ahí se establece que "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
A la luz de ese articulo, señalan las fuentes consultadas, la supervivencia de esas distinciones suponen una exaltación "personal" de quienes se alzaron contra la legalidad republicana el 18 de julio de 1936.
No obstante, en el PSOE muchos dudan que esa reforma se haga "a corto plazo porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que hacer frente, primero, a la polémica exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, respecto a la cual la familia ya ha mostrado su oposición ante notario.
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