El Gobierno aún confía en que la Justicia le evite desalojar por la fuerza a Puigdemont

¿Se aplicará en Cataluña el ya famoso artículo 155 de la Constitución, ese que faculta al Gobierno para suspender a la Generalitat y poner un ejecutivo autonómico provisional hasta nuevas elecciones? Y, sobre todo, ¿cuándo?

Esa segunda pregunta se la formulan cada vez menos en voz baja dirigentes del PP... y del PSOE, a la vista de que Carles Puigdemont y los suyos aparentan no sentir los efectos de la persecución judicial contra el referéndum independentista del 1 de octubre. Cómo será la cosa que hasta Ferraz ya admite en privado que "nunca lo ha vetado" aunque por ahora es solo "una hipótesis".  

Porque lo cierto es que si Puigdemont y los suyos consiguen llegar al 1-O al frente del Gobierno catalán, se reflexiona a ambos lados del Hemiciclo del Congreso, el Parlament de Cataluña hará el día 2 una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y abrirá con ello una caja de pandora internacional de imprevisibles consecuencias. Para evitarlo habría que poner en marcha ya la vía 155, pero requiere de un trámite legislativo -cinco días mínimo- que, como muy tarde, debería iniciarse el lunes. Y La Moncloa no parece tener prisa. 

"En el Gobierno no hay debate: por ahora, creemos que basta la actuación de la Justicia y las fuerzas de Seguridad del Estado para desmontar el referéndum, pero si en algún momento hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que nadie dude de que se aplicará". Quien se expresa así de tajante para Vozpópuli es una persona muy cercana a Mariano Rajoy, y lo hace para intentar arrojar un poco de luz en la estrategia del Ejecutivo ante un panorama político tan sombrío.

Rajoy y los suyos "celebran" la noticia de que el PSOE no pondrá pegas a esa suspensión de la Generalitat porque la foto de los dos principales partidos de la mano en este desafío tiene mucha fuerza. Para empezar, no dejaría a Ciudadanos más camino que acabar con las reticencias que ahora muestra en público y, además, transmite al mundo "la idea de que el Estado ganará el pulso más tarde o más temprano".

La Moncloa cree que con la intervención de cuentas, la no comunicación oficial por parte de Correos a los 55.000 miembros de las mesas electorales y el cierre de colegios el referéndum se va a desinflar

De momento, quieren ver cómo evolucionan los acontecimientos esta semana en que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a tomar las riendas de la caja pública catalana -una aplicación del artículo 155 por la vía de atrás, sin mucho ruido- y en la cual van a empezar a comparecer ante el fiscal los 712 alcaldes que, supuestamente, van a apoyar el 1-0.

Con eso, más la incautación por parte de la Guardia Civil de toda la cartelería y propaganda, la no entrega por parte de Correos de las citaciones a los 55.000 miembros de las casi 7.000 mesas electorales, y la amenaza de requisa de urnas, el Ejecutivo confía en desactivar la cita del 1-O.

Aunque esta estrategia genera muchas dudas incluso en sus propias filas, que vieron con estupor el pasado jueves cómo los independentistas arrancaban la pseudocampaña electoral en la plaza de toros de Tarragona ante 9.000 simpatizantes mofándose de los jueces, de los fiscales y de la Guardia Civil por sus intervenciones para frenar la consulta. "Buenas noches. Bienvenidos al club de los querellados", empezó el presidente de la Generalitat su mitin.

Al día siguiente, el Gobierno restó importancia al hecho y lo enmarcó en su estrategia de "no entrar en provocaciones", que es lo que quieren para calentar la calle de cara a la cita con las urnas dentro de diez días en toda Cataluña.