Política

El Gobierno deja en manos de las CCAA la carga lectiva de sus docentes

Con el ánimo de revertir los llamados 'recortes' introducidos por el Real Decreto Ley 14/2012, Celaá también ha anunciado que el Ejecutivo va a suprimir la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja

La LOMCE camina hacia su defunción. La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, ha propuesto este martes, coincidiendo con el inicio del curso, que las comunidades autónomas puedan establecer el número de horas lectivas semanales de los docentes, tanto en los centros públicos como concertados.

Lo ha señalado durante su intervención en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para detallar el contenido del borrador del Anteproyecto de ley para la Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que busca "reestablecer" la situación anterior al decreto de 2012 que provocó los recortes.

Cada administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno"

En la actualidad, según aprobó el anterior Gobierno del PP, los docentes tienen un mínimo de 25 horas lectivas para Infantil y Primaria y 20 en el resto, ha recordado Celaá, que ha considerado que es momento de "dar margen" a las comunidades en este tema.

"Cada administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno", ha avanzado Celaá. Aunque ha insistido que los límites de la jornada laboral para los docentes seguirá siendo igual que resto de los funcionarios, ya que se habla solo de la "carga lectiva".

Sustituciones

En la línea de revertir la ley de 2012, el anteproyecto también va a suprimir la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja. "Nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la mejora de la mejora de la calidad del sistema educativo. La supresión de esta medida y la consiguiente recuperación de las ratios en los términos que establece la ley no tiene impacto en el gasto público", ha señalado.

Las medidas de este documento podrán aplicarse una vez aprobada esta ley, aunque se afirma que se podrán anticipar a este curso 2018-19 "si así lo decidieran las administraciones". Desde Ciudadanos, la diputada Marta Martín Llaguno, ha reprochado al Gobierno que hable de "consenso" en la comunidad educativa en torno al anteproyecto cuando no ha hecho llegar el documento al resto de grupos parlamentarios.

Además, ha señalado que entre las medidas de "mejora" de la docencia, echa en falta el llamado MIR educativo para mejorar la formación de los profesores, que incluso la propia Celaá llegó a defender. O la mejora del sistema de becas y ayudas a los niños con necesidades especiales. Por otro lado, Martín Llaguno ha reprochado al PSOE haberse levantado de la mesa de negociación del Pacto Educativo alegando que no se invertía un 5% del PIB anualmente en enseñanza.

Educación concertada

Por otro lado, Celaá ha confirmado que se eliminará el criterio para la educación concertada que tiene que ver con la demanda social, y por la que si había más demanda social se ampliaban las plazas. Se modificará de esta manera el artículo de la Lomce que hace referencia a la demanda social que ha permitido incrementar en los últimos años las plazas de la educación concertada.

La ministra ha reiterado su mensaje de "tranquilidad" a las familias que optan por llevar a sus hijos a centros concertados, aunque ha insistido en que la educación pública "debe ser el eje vertebrador" del sistema educativo. "El poder público debe garantizar el derecho a la educación en todos los casos", ha dicho. 

"Tres niños en un pequeño pueblo con un campanario tienen el mismo derecho a la educación que tres niños del centro de Madrid, ¿Quién tiene que ir ahí? La educación pública", ha defendido en torno a su intención de modificar el artículo 109 de la LOMCE. "Hay familias que quieren educación concertada porque tienen mucha confianza en ella, pero ha habido mucha 'libertad de empresa' sin proyecto educativo ni ideario propio y eso es lo que queremos evitar", ha zanjado.



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