La Generalitat tenía un documento sobre la ‘vía Eslovena’ que se saldó con decenas de muertos

Uno de los guardias civiles que ha declarado como testigo este jueves en el juicio del procés ha relatado que incautaron a un cargo de la máxima confianza del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras un documento en el que se abordaba la vía Eslovena de la independencia. El actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, apeló hace meses a este modelo en el que hubo 63 muertos al alzarse la policía contra el ejército yugoslavo en 1991.  

En el marco del interrogatorio en el Tribunal Supremo, este guardia civil estaba dando cuenta de los resultados de los registros relacionados con el secretario general de Hacienda de la Generalitat, Lluis Salvadó. La documentación que le incautaron sirvió a los investigadores para evidenciar que desde las autoridades catalanas se estaba trabajando en la creación de nuevas estructuras de Estado pensando en la independencia.

En ese contexto, el fiscal Jaime Moreno se interesó acerca de los Mossos d’Esquadra. El testigo recordó que, "entre la documentación del señor Salvadó, había un viaje a Eslovenia”. Ha explicado que en el documento sobre este periplo figuraba “el membrete de la Generalitat con una hoja de ruta que ponía ‘Independencia de Eslovenia’ y había una comparativa que decía que la Policía hizo frente al Ejército yugoslavo, pero decía que Yugoslavia era una federación en colapso y España no”.

Fue el pasado diciembre coincidiendo con un viaje a Eslovenia, cuando Torra reivindicó su modelo de independencia y denunció que el Estado español nunca se va a reformar y calificó la Constitución como una jaula.  "La vía a seguir es la eslovena, la de la libertad", dijo el actual presidente de la Generalitat.

Por otro lado, este mismo testigo se ha referido a los cálculos que hizo la Generalitat para tener su Hacienda propia a partir también de la documentación intervenida a Salvadó de la que se deduce además que buscaron financiación internacional.  Un correo de Salvadó reveló que pedirían a China 11.000 millones de euros, otros 6.000 millones los aportarían los ayuntamientos y otros 1.500 millones partirían de impuestos propios.