Juicio del procés La Fiscalía replica a los líderes del 'procés': “Este es un juicio en defensa de la democracia”

El fiscal Javier Zaragoza carga contra la "ridícula denuncia masiva" de los independentistas y apela a la mayoría silenciosa de los catalanes no soberanistas 

Javier Zaragoza
Javier Zaragoza

La Fiscalía ha aceptado el envite que ayer le lanzaron las defensas de los acusados en el juicio del procés. El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha arrancado la segunda sesión con un contundente alegato en defensa de la Constitución en el que ha tachado de "ridícula" e "injustificada" la "denuncia masiva" que desplegaron los abogados de los líderes independentistas al enarbolar un sin fin de presuntas vulneraciones de derechos. "Este es un juicio en defensa de la democracia", ha replicado el representante del ministerio público en el punto más álgido de su dura alocución.

Zaragoza, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ha calificado como una “falacia de dimensiones colosales” decir que se trata de una causa general o que alguien haya sido perseguido por sus ideas y ha apelado a la mayoría silenciosa de catalanes no nacionalistas y al conjunto de españoles a los que también les afecta lo que suceda en Cataluña: "Los acusados llevan años defendiendo este proceso político independentista y que yo sepa no se les ha perseguido ni han sido detenidos. Solo se ha puesto en marcha la vía penal cuando han quebrantado los límites establecidos en nuestra Constitución".

En su intervención, el fiscal ha criticado que las defensas invoquen reiteradamente que los hechos que se juzgan no son delictivos por la mera afirmación de que "convocar urnas no es delito". "Esta es una más de las múltiples falsedades. El derecho a votar no se ejerce cuando un colectivo de ciudadanos desee", ha señalado.

Los líderes independentistas, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (d); el exconsejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva (c) y el exconsejero de Interior Joaquim Forn (i).
Los líderes independentistas, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (d); el exconsejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva (c) y el exconsejero de Interior Joaquim Forn (i). EFE

Zaragoza ha remarcado que este "es un juicio en defensa de la democracia y del orden constitucional que consagró la Constitución, que en Cataluña avaló el 62% del censo, la misma cantidad que rechazó participar en el 1-O". Lo ha hecho después de quejarse de que "algunos escritos de las defensas parecen libelos acusatorios, relatos con el fin de desprestigiar a la Justicia española y las instituciones y con el último propósito de cuestionar la calidad democrática". En sus palabras ha incluido un mensaje directo a los acusados en su calidad de dirigentes políticos al decir que "no está justificado utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes".

Ante la lista de peticiones esbozada ayer por las defensas, el representante del ministerio público ha hecho especial hincapié en dos testigos: el rey y el expresidente catalán Carles Puigdemont. Ha recordado que "el rey está exento de declarar" y ha invitado a los letrados a hacer uso del vídeo en el que se ve a Felipe VI realizar su discurso, a la vez que ha reiterado a los independentistas que "la condición de imputado y procesado rebelde impide que Puigdemont pueda declarar como testigo".

Imparcialidad pese a las elecciones

Zaragoza ha defendido la "imparcialidad" del tribunal y lo ha hecho con un comentario que parece hacerse eco de la posibilidad de un adelanto electoral que coincida con el desarrollo del juicio: “Este tribunal impartirá justicia con total independencia al margen de lo que se diga y se haga fuera de esta sala y respetando los derechos y garantizando el derecho a un juicio justo”.

La representante de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, también ha defendido la imparcialidad de los magistrados y ha reprobado que ayer las defensas aseguraran que las acusaciones intentaban "criminalizar la libertad ideológica y política". "Nada más lejos de la realidad. Esto es un juicio penal con todas las garantías y que no merece ninguna otra calificación", ha insistido la letrada.

El fiscal, que ha recurrido en varias ocasiones a la jurisprudencia europea, ha reivindicado que ni "la ruptura de la legalidad ni la ejecución de acciones tan graves pueden legitimarse" y ha criticado que "se pretende transformar en víctimas a quienes han quebrantado el orden constitucional". Frente a eso, ha dicho Zaragoza, "el Estado ha tratado de restaurar el orden jurídico con el único instrumento que es aceptable en democracia, que es la aplicación de la Ley".

El fiscal ha criticado que "se pretende transformar en víctimas a quienes han quebrantado el orden constitucional"

La Fiscalía ha insistido en que se produjeron hechos violentos -lo que justifica su acusación por rebelión- y ha defendido que a nadie le puede extrañar "que la justicia penal reaccione" si se tiene en cuenta "la intensidad y gravedad de los ataques". "Habría sido un grave ejercicio de la irresponsabilidad. Nadie está por encima de la ley", ha zanjado Zaragoza, quien ha anunciado su oposición a todas las reclamaciones efectuadas por los acusados en esta fase inicial de cuestiones previas.

El asedio a la Conselleria y el 1-O

Zaragoza se ha referido a dos de los hechos concretos que se enjuician en el Tribunal Supremo: el asedio de miles de personas ante la Conselleria de Economía -donde la Guardia Civil hacía un registro a las órdenes de un juez el 20 de septiembre de 2017- y el referéndum ilegal del 1-O.

Personas congregadas en los alrededores de la sede de la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat, situada en la Rambla de Catalunya.
Personas congregadas en los alrededores de la sede de la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat, situada en la Rambla de Catalunya. EFE

"El legítimo ejercicio de los derechos no justifica retener una comisión judicial con el pretexto de un ataque a Cataluña. No justifica llamar, incitar, promover o agitar a miles de ciudadanos", ha dicho respecto a lo primero haciendo alusión a que la secretaria judicial tuvo que salir del edificio por el tejado y que los guardias civiles permanecieron encerrados durante horas en el edificio.

Sobre la consulta ilegal del 1 de octubre ha recordado el papel que jugaron los Mossos d'Esquadra para manifestar que "la actividad política no justifica sustraer a la fuerza policial". "No justifica convocar un referéndum que ha sido prohibido por el Tribunal Constitucional. No justifica tampoco destinar fondos públicos para financiar un proceso de esas características", ha sentenciado.



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