Cataluña

La Fiscalía mantiene su acusación por rebelión y pide 25 años para Junqueras

El Ministerio Público presenta su escrito ante el Supremo en el que sostiene que el independentismo sí asumió el uso de la violencia en su plan de ruptura

Fachada de la Fiscalía General del Estado
Fachada de la Fiscalía General del Estado EFE

La Fiscalía General del Estado ha presentado este viernes el escrito de acusación contra los líderes independentistas procesados y mantiene la acusación por un delito de rebelión. El Ministerio Público mantiene así la postura que ha defendido durante toda la instrucción a diferencia de la Abogacía del Estado, que por indicación del Gobierno ha variado a última hora su postura para acusar por sedición, un delito que contempla penas más bajas.

En concreto el Ministerio Público pide 25 años de cárcel para el líder de ERC, Oriol Junqueras, a quien sitúa a la cabeza de la rebelión. Solicita 16 años de prisión para los exconsellers presos Forn, Turull, Rull, Romeva y Bassa. Asimismo pide 17 años de prisión para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Según el escrito de la Fiscalía, los investigados “contemplaban la utilización de todos los medios precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido". A lo largo de los 127 folios de escrito, la palabra "violencia" aparece recogida en 14 ocasiones.

Utilizaron la violencia, según Fiscalía

Indica el Ministerio Público que se valieron para ello “de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria  desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas  por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d'Esquadra como un Cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndol así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional".

La Fiscalía cita la reunión que mantuvieron responsables de los Mossos d'Esquadra con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Interior, Joaquim Forn y cuyo contenido fue desvelado por 'Vozpópuli'. En ella los responsables policiales aconsejaron suspender la celebración del 1-O por riesgo de que se produjesen altercados violentos. "Pese a ello, la decisión de los miembros del Govern fue seguir adelante con el referéndum, dando instrucciones a los Mandos de los Mossos d'Esquadra para que facilitaran su realización a pesar e su manifiesta ilegalidad", dice el escrito   

En cuanto al resto de los procesados, la Fiscalía pide siete años de prisión por malversación para el exconseller Santiago Vila, quien dimitió el día antes de la declaración unilateral de independendencia. Lo mismo para sus excompañeros en el gabinete autonómico, Carles Mundó y Meritxell Borrás. Para los miembros de la Mesa del Parlament Josep Nuet, Luis Barrufet, Lluis Guinó, Anna Simó, Mireia Boya y Lluis Corominas salda su acusación con una petición de entre ocho y diez meses de multa por desobediencia.   

El departamento que dirige María José Segarra entiende, por tanto, que los líderes independentistas sí asumieron el uso de la violencia como herramienta para conseguir su objetivo de ruptura durante el procés. Eso es lo que han defendido los cuatro fiscales que han asumido desde el principio el caso bajo la instrucción del juez Pablo Llarena, quien el pasado marzo también procesó por rebelión a los investigados.

Diferencia con la sedición

La decisión de Llarena contó además con el aval de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. La rebelión contempla penas de hasta 25 años de cárcel y el de sedición de hasta 15 años. El debate jurídico se centra en determinar si hubo o no violencia en los hechos del asedio a la Consellería de Hacienda el 20 de septiembre de 2017 y durante la celebración del referéndum el 1-O.

En la misma línea que la Abogacía se pronunció, por ejemplo, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, encargada de investigar a la cúpula de los Mossos d’Esquadra, o la Justicia alemana.

Mientras la Abogacía del Estado depende directamente del Ministerio de Justicia y por tanto del Gobierno, la Fiscalía es un organismo autónomo. Su decisión de mantener la acusación de rebelión se produce después de las presiones del independentismo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien exigían gestos como lograr que el Ministerio Público no acusase por rebelión a cambio de apoyar sus presupuestos.

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