Política

La Fiscalía también responde a Torrent: en democracia no hay "presos políticos"

El Ministerio Público resalta que nunca ha perseguido manifestaciones políticas sino "conductas delictivas"

El fiscal general del Estado, Julián Sanchez Melgar.
El fiscal general del Estado, Julián Sanchez Melgar. EFE

La Fiscalía General del Estado ha afirmado hoy sobre la intervención del presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent en el Colegio de Abogados de Barcelona, que el "reiterado uso" de la expresión "presos políticos" es una figura "incompatible" con la democracia española.

En un comunicado, la Fiscalía destaca que España es un Estado de Derecho en el que se "respetan las garantías de todos los ciudadanos" y que los procedimientos abiertos que afectan a responsables públicos catalanes se desarrollan "con el máximo respeto y garantías procesales" de todos los investigados.

"El reiterado uso de la expresión 'presos políticos' se aleja de la realidad, es una figura incompatible con nuestra democracia y, por tanto, no puede ser aceptada por esta Fiscalía", sostiene el Ministerio Público.

Asimismo, subraya que la Fiscalía actúa "conforme al principio de legalidad y salvaguardando siempre el derecho de defensa de las personas incursas en las diferentes causas".

Resalta que "nunca" ha perseguido manifestaciones políticas "sino conductas delictivas presuntamente cometidas por personas que, en razón de su cargo público, debieron respetar la legalidad" en el ejercicio de sus responsabilidades.

Respaldo a los fiscales catalanes

Por último, muestra su apoyo y reconocimiento a los fiscales de Cataluña "por el trabajo que se encuentran realizando".

La cúpula judicial de Cataluña plantó ayer al presidente del Parlamento catalán cuando éste denunciaba la existencia de "presos políticos" en su discurso de intervención en la tradicional ceremonia de homenaje a la Abogacía catalana, en presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, y la fiscal provincial de Barcelona, Concha Talón, fueron los primeros en abandonar la sala.



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