Publicado: 09/04/2019 14:33
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional por el blanqueo en España de al menos 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de dólares que se sustrajeron a la Hacienda Pública de Rusia mediante una estafa en el año 2007 en la que estuvieron involucrados funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, el conocido como 'caso Magnitsky', apellido del abogado que murió en la cárcel tras denunciar los hechos.
El origen de las actuaciones está en la denuncia que presentó en España en 2017 Hermitage Capital, fondo de inversión británico fundado por Bill Browder, que diez años antes pagó 230 millones de dólares que el Estado ruso le debía devolver y cuyo destino final lleva persiguiendo desde entonces, tal y como resume el escrito de Anticorrupción al que ha tenido acceso Europa Press.
Hermitage contrató al abogado Sergei Magnitsky para indagar sobre el reembolso y acabó descubriendo que la policía había confiscado fraudulentamente documentación a tres filiales rusas de la empresa y se había suplantado su titularidad para que una organización criminal, la KOCG, cobrase aquel dinero.
Esta organización está compuesta por "criminales convictos, banqueros, abogados y funcionarios de la Administración rusa" y ha sido, según detalla Anticorrupción, "responsable de una serie de delitos económicos de muy alto nivel", como el robo de los 230 millones, que vienen 'lavando' desde 2008 mediante la llamada "Red Internacional Organizada de Blanqueo de Capitales de Klyuev" (KOTMLN).
Una estructura internacional de blanqueo
Con esta "estructura internacional de sociedades, bancos y países de escasa o nula transparencia y colaboración financiera y procesal" habrían acabado blanqueando en España al menos 35 millones de euros de aquella partida.
El dinero llegó desde cuentas de Estonia, Lituania, Ucrania y Moldavia a sociedades pantalla y ciudadanos de origen ruso, bajo pretexto de préstamos e inversiones en bienes e inmuebles, según recoge Anticorrupción.
En concreto, en una primera fase, febrero de 2008, llegaron 153.543 euros desde una empresa con domicilio en Belice y banco lituano a cinco sociedades con cuentas en entidades financieras españolas. Era el principio: En una segunda tanda de transferencias se practicaron tres operaciones para aflorar más de 34 millones de euros de lo robado a la Hacienda rusa.
Empresas pantalla en España y Letonia
En la primera operación se transfirieron a España 16,8 millones de euros "en pagos realizados para la compra de activos inmobiliarios y otros bienes", de acuerdo a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
El dinero viajó desde Rusia, Moldavia, Ucrania y Letonia a 15 cuentas en Estonia a nombre de empresas que "no tienen actividad económica" ni "objeto comercial alguno" y de allí, se envió a otras tantas sociedades en España "para la compra de piezas de recambio de automóviles, equipos de construcción, calzado, telas, mobiliario, servicios legales y de consultoría".
La segunda operación detallada consistió en 25 transferencias desde la cuenta del Tesoro Ruso a la cuenta personal en España de Anna K.R y en Suiza de Sergei R. por importe total de 12,7 millones de euros, a través de bancos en Rusia, Moldavia, Ucrania, Letonia, Estonia y Lituania entre abril de 2008 y octubre de 2009.
Por último, una tercera operación consistió en enviar a otro ciudadano ruso, Pavel G, 5,1 millones de euros a una cuenta en España con el concepto "acuerdo de préstamos para la compra de bienes inmuebles". Hay una transferencia más, a otro individuo de la misma procedencia y con cuenta en un banco español, por importe de 35.000 euros.
Blanqueo continuado
La Fiscalía Anticorrupción solicita que todos los receptores del listado de transferencias que detalla en su escrito de denuncia sean llamados a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo continuado de capitales. Pide también que se declare compleja la causa, en previsión de que llevará meses sólo obtener la información bancaria necesaria de terceros países.
De este modo, España se suma a la lista de países que investigan a la KOCG y su red internacional de blanqueo por haber sido destinatarios de fondos de origen ilícito. El Congreso ya se pronunció sobre este asunto, con una proposición no de ley en línea con la condena internacional que suscitó el asesinato de Magnitsky.
De hecho, Estados Unidos aprobó en 2012 en su honor la Magnitsky Global Act, una ley que impone sanciones -prohibición de entrada al territorio y el sistema bancario, entre otros-- a funcionarios rusos salpicados por la corrupción, que con los años se ha ampliado a nacionales de otros países.
Conforme recuerda la denuncia de Anticorrupción, sólo dos miembros de bajo nivel de la KOCG fueron juzgados y condenados en Rusia por aquello, si bien las investigaciones sobre blanqueo siguen su curso "en varias jurisdicciones" como ahora la española.
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