Política

El Fiscal pide 4 años y medio de cárcel y 6 millones de multa para Pedro Antonio Sánchez por el caso Auditorio

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (derecha).
El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (derecha). Efe

La Fiscalía de la Comunidad de Murcia pide una pena que suma cuatro años y seis meses de prisión y el pago de seis millones de euros de multa para el ex presidente del Gobierno murciano y ex alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, por el denominado caso Auditorio.

Así aparece reflejado en el escrito de calificación provisional de la Fiscalía a la que ha tenido acceso Europa Press, en el que se interesa el inicio del juicio oral y se atribuye a Sánchez un delito de prevaricación continuada, un delito de fraude de subvenciones y un delito de fraude y prevaricación en la aprobación del proyecto modificado.

Inhabilitación

Cabe recordar que esta investigación, que comenzó en 2015 y que ha desarrollado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, indaga en presuntas irregularidades cometidas en el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.

En concreto, el Fiscal pide para Sánchez la pena de 10 años y 1 día de inhabilitación especial para empleo o cargo público y obtener durante el plazo de la condena cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico y estatal por el delito de prevaricación continuada.

Por el delito de fraude de subvenciones, el Fiscal pide para el ex alcalde la pena de dos años de prisión y multa de seis millones de euros (con 6 meses de prisión en caso de impago de la multa), y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante cuatro años.

Asimismo, por el delito de fraude y prevaricación en la aprobación del Proyecto Modificado, el Fiscal sostiene que procede imponer a Sánchez la pena de dos años y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y de la posibilidad de contratar con la Administración Pública.

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